Hace unas semanas ganó las elecciones presidenciales en Uruguay el expresidente Tabaré Vázquez en representación del Frente Amplio, la coalición de izquierda que desde 2005 ha gobernado el país. A pesar de sus inclinaciones de izquierda, en Uruguay no se cuestionaron los resultados electorales ni se oyeron llamados a deslegitimar al nuevo mandatario. Por el contrario Luis Lacalle Pou, su contendor del Partido Nacional, reconoció la victoria de Vázquez y le deseó suerte en su gobierno.
Lacalle sabe que en cinco años habrá otras elecciones y nuevas oportunidades de ganar la presidencia y el parlamento para su partido pues, contrario a lo que ha sucedido en otros países de América Latina, a pesar de avanzar una agenda social, la izquierda en Uruguay (así como en Chile y en Brasil) ha respetado la institucionalidad. No obstante tienen las mayorías de su lado, los líderes de estos países entienden que las minorías son importantes para la estabilidad y que negociar con ellas si bien limita el alcance de sus políticas públicas, garantiza la supervivencia de éstas últimas. Por esta razón prefieren ceder en sus ideales políticos antes que modificar las reglas del juego y atropellar a la oposición para lograr lo que quieren. No se trata de si sus propuestas son buena idea o no. Posiblemente muchos estaríamos de acuerdo con ellas; simplemente no vale la pena sacrificar rey y patria por hacerlas realidad.
Y no es que José Mujica (Uruguay), Dilma Rousseff (Brasil) o Michelle Bachelet (Chile) hayan “claudicado” en sus ideales de izquierda, o se hayan “vendido” al capitalismo. Por el contrario, con mayor o menor éxito, los tres presidentes han abogado por políticas de izquierda tanto en lo económico como en lo social. Durante su gobierno Mujica no sólo mantuvo políticas exitosas en temas de disminución de desempleo y pobreza, sino que introdujo leyes que hicieron de Uruguay uno de los primeros países latinoamericanos en permitir el aborto y el matrimonio homosexual. De forma similar Rouseff ha mantenido y promovido políticas y programas sociales y de acción afirmativa, como Bossa Familia, que han disminuido exitosamente la pobreza y la discriminación racial en su país. Y Bachelet no se queda atrás. Durante su primer periodo presidencial (2006-2010) la mandataria chilena logró reformar el sistema de pensiones y ampliar la cobertura a los sectores más pobres de la población; introdujo legislación para proteger a personas subcontratadas y garantizar salario igualitario a la mujer; y creó programas destinados a ampliar y mejorar el sistema de bienestar social para mujeres y niños. Hoy en día, está trabajando en una reforma a la educación que busca mejorar la calidad y ampliar el acceso a educación primaria, secundaria y universitaria en Chile.
Estos cambios no son cambios menores. No serán todo lo que estos presidentes y sus seguidores quisieran, pero eso no los hace menos significativos o “menos de izquierda”. Los hace, eso sí, más estables. Cada una de estas políticas ha tenido que pasar por un parlamento y unas cortes, en un proceso en el que tirios y troyanos han tenido algo que decir. El resultado final es un proyecto o una reforma más moderada, que todas las partes están dispuestas a aceptar y, por lo tanto, tienen pocos incentivos para cambiar. En otras palabras, ni Rousseff, ni Bachelet ni Mujica (o sus partidos) tienen que mantenerse en el poder, o controlar otras instituciones, para preservar sus avances más importantes en materia social. De llegar al poder, la oposición, que hizo parte de la construcción de muchas de las políticas del gobierno anterior, tiene incentivos para dejarlas como están.
Rousseff, Bachelet y Mujica son ejemplos importantes de cómo no por ser de izquierda se es menos institucional. De hecho, contrario a lo que reza la cultura popular en países como Colombia y Venezuela, la ideología no tiene nada que ver con el respeto a las instituciones. En Colombia, fue Alvaro Uribe, un presidente de derecha, quien intentó ponerse la constitución al hombro, cooptar cortes y congreso y pasar por encima de la oposición para impulsar su agenda en materia de seguridad. Al igual que Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Uribe no estaba dispuesto a negociar e implementó políticas radicales unilaterales difíciles de sostener una vez afuera del poder. Así las cosas, el expresidente colombiano ha tenido que ver cómo, con el respaldo de una gran coalición que abarca la centro-derecha y la izquierda, el presidente Santos desmantela reformas constitucionales y proyectos importantes de su gobierno y le abre paso a un proceso de paz con las FARC.
En vez de buscar un consenso, presidentes como Uribe, Chávez, Maduro, Morales y Correa han apostado a políticas unilaterales empujadas desde la silla presidencial. Posiblemente más amplias, rápidas y efectivas, dichas políticas tienen un costo institucional innecesario. En últimas, del afán no queda sino el cansancio. Como lo demuestran los gobiernos de Mujica, Bachelet, Rousseff y, en cierta medida, el de Juan Manuel Santos, existen otras formas de avanzar agendas políticas. Negociando no se consiguen las políticas públicas ideales; se consiguen aquellas que todos, de acuerdo o en desacuerdo, izquierda o derecha, estamos dispuestos a mantener. De manera tal, que el día de mañana cuando haya elecciones no sea tan grave perder los comicios y se pueda felicitar al contendor; no sólo se sabe que éste no va a borrar todo el trabajo que se hizo en años anteriores sino que, en uno años, volver al poder va a seguir siendo una opción.
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