Enfermarse y morir por trabajar
Si algo produce enfermedades a las personas es el deterioro del ambiente de trabajo. Las condiciones laborales por tanto, son parte fundamental de las exigencias que casi a diario hacen los trabajadores y las trabajadoras del mudo. En Venezuela, la lucha por la calidad en el medioambiente laboral no encuentra respuesta. La burocracia del Estado, su indolencia y la feroz crisis económica, parecen llevarse todo a su paso, aumentando el caos.
A 10 años de la reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT), y de creación del Instituto Nacional de Prevención y Salud Laborales (INPSASEL), la salud laboral en el país es cada vez más precaria.
La LOPCYMAT tiene sus antecedentes en 1986 cuando fue promulgada, pero durante 19 años durmió el sueño de los justos hasta 2005, cuando por fin se creó el INPSASEL. En ese entonces se generaron diversas expectativas, especialmente entre los trabajadores y trabajadoras que creyeron ver coronadas sus aspiraciones en el sentido de mejorar su calidad de vida en el trabajo, reducir riesgos y no sufrir enfermedades o morir por trabajar.
Si bien algunas medidas se implementaron al entrar en vigencia la LOPCYMAT, como por ejemplo la integración de los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo y la obligación de notificar los riesgos laborales a los trabajadores, actualmente no hay seguimiento eficaz. En el caso del Estado como entre empleador, su incumplimiento es mayúsculo.
El Estado no implementa políticas preventivas para reducir el riesgo laboral en actividades altamente peligrosas como la industria petrolera, eléctrica, telefónica, siderúrgica, o la metalmecánica realizada en las empresas básicas de Guayana. Un ejemplo de ello lo representan las advertencias que durante los últimos 5 años ha venido haciendo el sindicalismo independiente del gobierno, lamentablemente corroboradas por desastres como el del río Guarapiche, en Monagas y accidentes, como el de la refinería de Amuay en Falcón.
Por efecto de la LOPCYMAT el Estado ha pretendido delegar en los entes empresariales empleadores, su responsabilidad respecto a la garantía del derecho humano a la salud. Si bien todas las empresas tienen responsabilidad social, dados sus altos volúmenes de ganancias y en especial, respecto al ambiente por sus actividades contaminantes, el Estado incumple el mandato constitucional previsto en el artículo 83.
Fundado en que esta ley impone la obligación a las empresas de organizar un servicio privado de seguridad y salud para su personal, según sus artículos 39, 40, y 56, numerales 7 y 15, INPSASEL les conmina a contratar servicios privados de salud, que brinden la asistencia médica gratuita que el IVSS no presta.
Mientras se ha implementado la LOPCYMAT en el sector privado, el Estado fortaleció el desarrollo programas asistencialistas y no permanentes de salud, como Barrio Adentro I y II, hoy abandonados. Ingentes recursos fueron destinados también a otras políticas sociales coyunturales, como Misión Milagro, mientras se dejó de invertir en el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria del IVSS.
Por su parte, el funcionariado del Estado y sus familias, fueron progresivamente incorporados a las coberturas brindadas desde grandes empresas aseguradoras nacionales y transnacionales, por vía de la contratación de las pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad. De esta forma, lejos de invertir en mejorar el IVSS, el Estado venezolano dispuso que millones de personas tuvieran que acudir a la medicina más costosa.
Desde 2007 INPSASEL no publica las estadísticas sobre morbilidad laboral, que es una de las herramientas fundamentales para conocer el origen, ubicación y tendencias de las enfermedades laborales en el país. Tampoco se conocen las cifras oficiales de los accidentes y muertes laborales, ni su concentración, bien sea por ramas de ocupación, oficios o por grupo etáreo.
Hoy la crisis de la salud laboral en el país es de tal magnitud que se plantean las mismas necesidades de finales del siglo XX con algunos agravantes. Es fundamental recuperar la infraestructura hospitalaria del IVSS para el país y en especial, las áreas de terapia ocupacional para los trabajadores y las trabajadoras.
Una carencia básica es el acceso de todos y todas a la prevención en materia de seguridad y salud laboral, que a pesar de estar establecida en una LOPCYMAT que ya tiene su primera década de vigencia, resulta materialmente inalcanzable en tiempos de escasez de medicamentos y agua potable, deficiencias en el suministro de luz eléctrica y aumento de la pobreza.
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