La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos (ACNUDH) deslizó que pudieron haberse registrado ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad y varios casos de desapariciones forzadas durante las protestas antigubernamentales en Venezuela que se dieron entre el 1° de abril hasta finales de julio. Conocido el informe, el gobierno nacional -en un reporte de Globovisión- se pronunció diciendo que el documento fue manipulado

Respuesta. El Gobierno venezolano calificó de “infundado” y “manipulado” el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre los “extensos” abusos cometidos por las fuerzas de seguridad entre abril y final de julio en el marco de las protestas antigubernamentales.

Comunicado. “Es una patética demostración de que esa oficina y, especialmente, el propio alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, han tomado el camino de denostar la democracia participativa y protagónica que existe en Venezuela”, señaló en un comunicado el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero.

Declaración. Valero afirmó que “tan infundado informe” ha sido elaborado sin mandato alguno, dado que no ha mediado ninguna solicitud formal de los órganos intergubernamentales competentes de Naciones Unidas.

Informe. La ONU detalla en el informe el uso de fuerza excesiva y letal por parte de las fuerzas armadas, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas, juicios militares contra civiles, ataques contra periodistas y ataques y restricciones contra opositores.

Detalles. El texto precisa “la ACNUDH llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27 manifestantes”. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos leales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale a un uso excesivo de la fuerza y, posiblemente a una ejecución extrajudicial”, señala.

Entes. Según la ONG Foro Penal Venezolano, 5.051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidos entre el 1 de abril y el 31 de julio, fecha esta última en la que seguían arrestadas más de 1 mil personas. El organismo sostiene que los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada).

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