Hace varias semanas General Motors de Venezuela anunció la paralización definitiva de operaciones, luego que un embargo contra su planta de Valencia en el estado Carabobo, la despojara de estas instalaciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha señalado que la medida judicial no tiene por qué paralizar las actividades de la ensambladora.

En un reporte de El Mundo Economía y Negocios, se precisa que la Sala Constitucional alertó que el embargo contra la empresa  debe cumplirse sin que se produzca la paralización de la planta, pues si bien afecta a bienes de su propiedad no está relacionado directamente con la operatividad de la misma, según la sentencia N° 374.

En la decisión, los magistrados declararon  inadmisible una solicitud planteada por los abogados de la ensambladora quienes pretendían que la Sala Constitucional se avocara al conocimiento de varios expedientes que cursan en tribunales de Zulia y Carabobo.

Agrega el Alto Juzgado, en la sentencia redactada por el magistrado Juan Mendoza, que deben garantizarse en forma absoluta los derechos de todos los trabajadores de la empresa sobre la cual recayó la medida de embargo ejecutivo ordenada el 4 de abril de 2017, por el Juzgado Tercero Civil del estado Zulia, conforme a los postulados del derecho al trabajo y seguridad social previstos en el Texto Fundamental en su artículo 89.

El 03 de junio, General Motors comunicó que cesará definitivamente sus operaciones en Venezuela luego de la medida de “amplio embargo” contra sus bienes, que fue emitida el 18 de abril, cuando autoridades estatales confiscaron su planta en Valencia.

A través de un comunicado la empresa señaló que la decisión fue tomada en desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso, y que “además causó un daño irreparable a la compañía y a sus trabajadores, ocasionando la terminación de relaciones laborales”.

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