El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un recurso de nulidad que limitan las funciones de investigación y procedimiento penal de la Fiscalía General de la República, órgano competente constitucionalmente para imputar a sospechosos en delitos y actos conclusivos.

El dictamen salió publicado en la página web del TSJ, este miércoles 12 de julio, en el que puntualiza que la medida está relacionada con el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal por “inconstitucional” y los abogados demandantes solicitan se suspendan “los efectos” del mismo.

Artículo 305. Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez o Jueza la decidirá dentro de un lapso de cuarenta y cinco días. La decisión dictada por el tribunal deberá ser notificada a las partes y a la víctima aunque no se haya querellado.
Si el Juez o Jueza no acepta la solicitud de sobreseimiento, enviará las actuaciones a el o la Fiscal Superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la petición fiscal. Si el o la Fiscal Superior del Ministerio Público ratifica el pedido de sobreseimiento, el Juez o Jueza lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el o la Fiscal Superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro u otra Fiscal continuar con la investigación o dictar algún acto conclusivo.

El acuerdo del TSJ fue admitir “medida cautelar referida a que toda persona investigada por la presunta comisión de algún hecho punible o aprehendido en flagrancia, obtendrá la condición de imputado(a) una vez haya sido informado por parte del Ministerio Público ante su defensor de confianza o público si no lo tuviere, en la sede del órgano jurisdiccional penal competente, de los hechos de los cuales se le atribuye la participación o autoría, así como los elementos de convicción que sustentan dicha imputación (…)”.

Con esta decisión de la máxima Corte ordena que sean los jueces de Control quienes garanticen y supervisen “el cumplimento de la legalidad en el proceso” y será transitorio, en medio de una polémica que existe entre los Poderes Ejecutivo y Judicial contra la fiscal general Luisa Ortega Díaz.

La Sala Constitucional sentenció que el MP no podrá ahora imputar directamente a los ciudadanos eventualmente vinculados a crímenes o delitos, sino que esta tarea corresponde a los fiscales de la jurisdicción donde se haya producido el hecho.

“Los jueces en ejercicio de sus competencias podrán ordenarle (al MP) continuar con la investigación, sin perjuicio de su autonomía para concluir la investigación nuevamente”.

El pasado 4 de julio, el TSJ en Sala Plena realizó una audiencia en contra de las actuaciones de la fiscal general para decidir si es procedente un antejuicio de mérito y destituir a Ortega.

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