Desde 2011 los salarios de los altos funcionarios de la administración  pública han estado sometidos al freno impuesto en una normativa legal. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) liberó las amarras legales a la fijación de los sueldos y otros beneficios de estos trabajadores.

En la Web del TSJ, se publica la sentencia de la Sala Constitucional con la que se anula la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.952, del 12 de enero de 2011.

De acuerdo al máximo tribunal, esta norma “condujo a una clara depresión de los montos de las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado (…) lo que conllevó a una perdida sustancial en su calidad de vida”, por lo que fue anulada.

Partiendo de esta medida, funcionarios como el presidente de la República, los diputados a la Asamblea Nacional, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general, el defensor del Pueblo, los rectores del Consejo Nacional Electoral, el vicepresidente, los ministros, entre otros, podrán recibir los ajustes salariales que tengan a bien aprobarse, al quedar sin efecto la normativa  que establecía que las máximas autoridades del país no podían percibir más de 12 salarios mínimos mensuales, es decir, Bs 1 millón 170 mil 378,72 actualmente.

“La Sala considera que la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.952, del 12 de enero de 2011, condujo a una clara depresión de los montos de las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado, transgrediéndose la intangibilidad de los beneficios salariales, los principios de progresividad e irretroactividad de la ley, así como los principios de racionalidad y proporcionalidad, lo que conllevó a una perdida sustancial en la calidad de vida, tal y como lo denunciara la parte recurrente en su demanda de nulidad”, precisa la sentencia.

La decisión responde a una demanda de nulidad introducida el pasado 21 de marzo por la legisladora de Carabobo, Neidy Rosal González. La empleada pública alega que los artículos 4 y 17 de la Ley de Emolumentos cercenaban los derechos laborales de los funcionarios de elección popular porque, por ejemplo, les prohibía recibir beneficios como el bono alimentación otorgado por el jefe de Estado a todos los trabajadores.

La sentencia también establece que los órganos del Estado reconozcan una recompensa por antigüedad en el servicio prestado por las máximas autoridades, que tendrá incidencia en los haberes a recibir por los sujetos regulados en la ley anulada. Además podrán percibir los dos incrementos salariales otorgados por el gobierno en lo que va de 2017 con carácter retroactivo.

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