Con dos nuevas sentencias, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) atiza el enfrentamiento que mantienen este poder y el Ejecutivo Nacional, con el Ministerio Público. En un informe de Globovisión, se dan cuenta de las decisiones con la que prácticamente se igual en competencias judiciales a la Defensoría con la Fiscalía General, y se destituye a un funcionario de este último organismo.

Atribuciones. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sentenció que la Defensoría del Pueblo “tiene facultades para investigar, emitir opiniones y recibir denuncias requiriendo, si es necesario, la colaboración de los demás órganos del Poder Público”.

Decisión. El máximo tribunal respondió así el recurso de interpretación emitido por el órgano del Poder Moral y solicitado por Tarek William Saab, que pide aclarar los artículos 49, 280, 281 y 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 2, 4, 15, 66 y 67 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; artículos 1, 10, 11, 12, 13 y 124 del Código Orgánico Procesal Penal.

Competencias. De acuerdo a la Sala Constitucional, el Defensor del Pueblo tiene atribuidas las funciones de promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías constitucionales y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos. Además de la promoción, defensa y vigilancia de los intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos. Cuenta con amplias competencias de actuación, las cuales no son sólo preventivas sino también de acción y reparación. Puede investigar, emitir opiniones y recibir denuncias requiriendo, si es necesario, la colaboración de los demás órganos del Poder Público. Así mismo ostenta la legitimación procesal para demandar ante órganos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus competencias señaladas en el número

Alcance. El TSJ además dice que no existen obstáculos jurídicos para que la Defensoría del Pueblo pueda asumir la representación procesal de los intereses legítimos de la víctima, en el caso especialísimo de hechos punibles que pudieran implicar violación de derechos humanos. También ostenta amplia competencia constitucional para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos (artículo 280) y en el ejercicio legítimo del mismo, está facultado para iniciar una investigación, así como para tener acceso a las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con la misma.

Destitución. El TSJ además declaró nulo, improcedente e inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz,  y el vicefiscal Rafael González Arias, en el que pidió la suspensión de las bases comiciales convocadas por el presidente Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En esa decisión, también declaró nula la Resolución n° 651 mediante la cual se hizo el nombramiento de González Arias, vicefiscal general de la República.

Medida. La decisión del TSJ se basa en que el nombramiento de González Arias como vicefiscal es “contraria a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio Público”. Sin embargo, anunció que dicha Sala designará de forma “temporal” a uno nuevo.

Rechazo. Declaró igualmente “improcedente” el recurso interpuesto por Rafael González Arias en contra de varios Magistrados, así como “manifiestamente contrario a la verdad procesal”, ya que estos funcionarios tienen entre sus funciones las de “garantizar la buena marcha de la administración de justicia, el debido proceso y la ética pública”.

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