Desde mayo pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha emitido varias sentencias para obligar a al menos 11 alcaldes, a impedir las barricadas u obstrucción de vías, so pena de sanciones y penas que incluyen prisión. Atendiendo a estas medidas a ordenado a los burgomaestres de Chacao (Miranda) y Lecherías (Anzoátegui) a que asistan a una audiencia.

En una nota de El Nacional,  se indica que la Sala Constitucional fijó la audiencia oral y pública para los alcaldes Gustavo Marcano y Ramón Muchacho, quienes deberán asistir ante la Sala el 25 de julio, y 26 de julio, respectivamente.

El TSJ explica que estas audiencias se celebrarán para determinar el presunto desacato del mandato de amparo cautelar contenido en las sentencias números 377 del 31 de mayo 2017 y 369 del 24 de mayo 2017, respectivamente.

Asimismo, se indica que en el auto que fija la audiencia se acordó, “de oficio, una medida cautelar de prohibición de salida del país a Marcano y a Muchacho; igualmente, señala la decisión que la inasistencia de los alcaldes a la audiencia convocada se tendrá como una tácita aceptación de los hechos”.

El máximo tribunal en esa audiencia valorará que los alcaldes hayan cumplido las siguientes órdenes:

1) Realizar todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos.

2) Proceder a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana.

3) Cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio.

4) Ejercer la protección de los vecinos y habitantes de su municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

5) Ejercer la protección a la primera y segunda infancia, y a la adolescencia para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en los  artículos 78 y 178, numeral 5 de la Constitución, 56 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

6) Velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario.

7) Girar las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En ese sentido, se le ordena que despliegue las actividades preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promueva estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.

A esas medidas también están sujetos en Miranda: Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta; José Luis Rodríguez Fernández, alcalde del municipio Carrizal; José Fernández López, del municipio Los Salias; y David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo. En Mérida los mandatarios son Juan Peña, del municipio Alberto Adriani; Carlos García, del municipio Libertador y Omar Lares, adel municipio Campo Elías.

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