La Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictó una sentencia en la que admitió la acción interpuesta por varios ciudadanos que demandan el reconocimiento de su derecho a cambiar de nombre y de género ante la ley, invocando el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad previsto en el artículo 20 de la Constitución. El Universal tiene el reporte.

Sentencia. La Sala Constitucional, en la sentencia N° 399/2017, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán admitió –el 10 de junio- una acción interpuesta por varios ciudadanos con la cual, invocan el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad de naturaleza constitucional, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución de la República pretenden que se les reconozcan sus derechos a cambiar de nombres y de género, según lo señalado en el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil.

Lapso. La decisión ordenó notificar a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión de Registro Civil y Electoral adscrita al Consejo Nacional Electoral (CNE). Además ordena notificar a los solicitantes para que informen dentro del lapso de 15 días de despacho, contados a partir de su notificación la condición de su estado civil, y en el caso de haber contraído matrimonio o su disolución, deberán consignar los documentos que demuestren tal estado civil.

Medidas. La Sala del TSJ para la decisión de fondo ordenó que cada solicitud se lleve por expediente separado y que cada accionante debía informar la condición de su estado civil; debiendo consignar además, copia certificada de las actas de nacimiento y un informe médico-psiquiátrico y psicológico suscrito por un especialista en la materia, que demuestre la veracidad de la identidad sexual pretendida.

Reacción. Aunque el TSJ calificó la decisión de novedosa, la coordinadora de la ONG Unión Afirmativa, Quiteria Franco, para El Nacional, opinó que este “mantiene una actitud retrógrada al solicitar que se realicen evaluaciones psicológicas sometiendo a las personas trans a tratos indignos”. Explicó que la sentencia significa que admiten el caso y evaluarán si procede.

Crítica. Al igual que Franco, la diputada transgénero Tamara Adrián, en un reporte de Noticia Al Día, consideró que los requisitos que exige el TSJ a los demandantes, muestra que lejos de un avance, la decisión es un retroceso en el reconocimiento de los derechos de las personas trans, pues son requisitos “patologizantes que supeditan la voluntad individual a criterios de terceros”.

Antecedentes. Los parámetros que utiliza el TSJ, aunque estuvieron vigentes en los años 80 y 90, han sido superados por casi todos los países que reconocen el derecho a la identidad de género de las personas trans. A partir de los primeros años del siglo XXI, la Corte Europea empezó a reconocer la identidad sin ningún tipo de diagnóstico como requisito previo. Actualmente, ese es el estándar vigente en Argentina, México y Colombia y por vía judicial en Chile y Brasil. Aún en Ecuador, Bolivia y Uruguay se pide sólo el exámen psiquiátrico. Venezuela es el único país de Suramérica que no ha reconocido el derecho de identidad a las personas trans.

Así lo explicó también a El Cambur Giovanni Piermattei, presidente de la ONG Venezuela Igualitaria, quien adelantó que consignarán una adhesión al recurso para exponer porque solicitar informes médicos psiquiátricos y psicológicos vulnera los derechos de las personas transgénero y transexuales y son patologizantes.

 

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