El pasado domingo murió un concejal de Primero Justicia en el estado Apure, Carlos Andrés García. El hecho se dio mientras permanecía detenido, por lo que el partido responsabilizó al Gobierno del deceso, y calificó el hecho de “asesinato”; pero el Tribunal Supremo de Justicia reaccionó negando que no hubiera recibido atención médica. El Universal reseñó el caso.

Hecho. El partido Primero Justicia (PJ) calificó como un asesinato del “Gobierno” la muerte del concejal de Guasdualito, estado Apure, Carlos Andrés García, quien falleció la noche de este domingo por no “recibir la atención médica adecuada”, cuando se encontraba recluido en la sede regional del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Denuncia. Primero Justicia informó que denunciará al Gobierno de Venezuela ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte de García, quien no recibió atención médica oportuna tras sufrir un accidente cerebrovascular durante su reclusión.

Medida. Según el partido PJ, al concejal le habían otorgado casa por cárcel; sin embargo, aseguraron que “la orden no fue ejecutada por los cuerpos de seguridad”. Asimismo, recalcaron que la muerte de García es responsabilidad del “régimen” puesto que este fue “trasladado al centro de salud cuando ya no había posibilidades de hacer nada para mejorar su salud”, por lo tanto, aseguraron que no se respetaron sus derechos humanos (DDHH).

Acción. El secretario general nacional de PJ, Tomás Guanipa, informó que también introducirán una denuncia en la Fiscalía General de la República para cumplir con los trámites internos. “A Carlos Andrés se le violó su derecho a la libertad personal, su derecho a la integridad física, su derecho a recibir atención médica a tiempo y su derecho a estar recluido en condiciones humanas, porque no estaba recluido en condiciones humanas”, expresó.

Riesgos. Primero Justicia expresó su preocupación de que esta situación se repita con otros presos como el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Gilber Caro, quien la semana pasada inició una huelga de hambre en su detención en el Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador, ubicado en Tocuyito, estado Carabobo.

Negativa. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reaccionó negando la denuncia de PJ. En un comunicado dijo que era necesario “aclarar las afirmaciones que circulan por distintos medios donde dan cuenta del ciudadano Carlos García, quien efectivamente se encontraba detenido en la sede del Sebin del estado Apure, por estar presuntamente incurso en los delitos de hurto calificado, instigación pública e incendio en grado de coautor”, falleció el domingo.

Hechos. El TSJ refiere que que García ingresó al Hospital Central de San Cristóbal en el estado Táchira, desde el día 18 de agosto de 2017, proveniente de la ciudad de San Fernando en el estado Apure, por presentar patología de Hipertensión Arterial, por lo cual recibió debida atención médica desde esa fecha, donde fue sometido a distintos estudios médicos arrojando un resultado patológico de presunta enfermedad infecciosa inmunodeficiente, todo lo cual pudo haber producido complicaciones en la patología de Toxoplasmosis cerebral.

Sin antecedentes. El máximo tribunal dijo que no constaba solicitudes o advertencias en el expediente judicial del referido ciudadano, sobre el padecimiento de alguna enfermedad crónica o aguda, por lo que se presume que desconocía de la sospecha patológica que aún se encuentra por determinar en los laboratorios del Centro Asistencial, pero que “aún así, y ante esta situación el Tribunal de la causa acordó una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, obedeciendo a la situación médica que presentaba dicho ciudadano”.

Menú de cierre