Este 14 de septiembre inician las audiencias de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para investigar si el gobierno venezolano ha cometido crímenes de lesa humanidad y si hay base para denunciarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI).

En una nota de El Nacional, se indica que a cargo de las sesiones estará el ex primer fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo (2003-2012), nombrado en julio para este cometido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

La primera audiencia se celebrará este jueves 14 de septiembre entre 10.00 a 12.30 pm, con representantes de la sociedad civil venezolana, y la segunda al día siguiente entre 9.00 a 11.30 pm, con miembros de las Fuerza Armada Nacional.

Las siguientes sesiones no están aún programadas pero tendrán lugar en septiembre y octubre, todas en la sede de la OEA en la capital estadounidense.

En las audiencias, se abordarán las “privaciones ilegales de libertad, torturas y violaciones que muestren un patrón de que han sido producidas como consecuencia de un plan sistemático o que son parte de un ataque masivo a la población civil”, explicó hoy la OEA en una hoja informativa.

También se analizarán los “homicidios que muestren un patrón de que han sido producidos como consecuencia de un plan sistemático o que son parte de un ataque masivo a la población civil”.

La información, obtenida a través de las audiencias públicas y por el equipo de investigación, la analizará un panel de expertos antes del 30 de octubre, “que evaluará la información y determinará si tiene suficiente mérito para que el secretario general lo presente a la Corte Penal Internacional”, indicó la OEA.

Los resultados del proceso serán entregados al Consejo Permanente del organismo y a la Fiscalía de la CPI.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, considera que el Ejecutivo nacional ha cometido crímenes de lesa humanidad y así lo ha denunciado.

En su informe del 17 de julio de 2017 consideró que existen evidencias que “apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano”, lo que, sostiene, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad a ser investigados por la CPI.

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