En los más de 70 días de protestas opositoras contra el Gobierno, las actuaciones de los cuerpos de seguridad han siso seriamente cuestionadas, pues además de ejercer la fuerza de manera desmedida contra manifestantes, han incurrido en la afectación de escuelas y centros de salud.

Atendiendo a esta realidad, en una nota de Globovisión, el Ministerio Público impulsó una acción judicial para obligar a los cuerpos de seguridad del Estado a no utilizar gases lacrimógenos en las inmediaciones de instituciones educativas y de atención médica.

La Fiscalía señala que pretende “imponer a los órganos de seguridad del Estado que cumplen funciones de orden público la obligación de no utilizar gases lacrimógenos u otros agentes químicos de disuasión en las inmediaciones de los centros educativos y de salud, tanto públicos como privados”.

El requerimiento fue interpuesto por el fiscal 100º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Juan Vicente Gómez, con competencia en protección de niños, niñas y adolescentes, civil e instituciones familiares, ante el Tribunal 32º de esa jurisdicción.

El Ministerio Público indicó que con esta medida busca “garantizar la integridad física, el derecho a la vida y a la salud de los niños, niñas y adolescentes que están en los centros de salud infantil y los planteles educativos, en vista de las últimas actuaciones de los cuerpos de seguridad”.

También indicaron que, a través del uso de gases lacrimógenos para el control de manifestaciones públicas, “han afectado el desenvolvimiento cotidiano de las actividades de estudiantes y pacientes en esos lugares”.

Durante las acciones represivas, de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivarian, centros de salud como la Clínica Las Mercedes ha recibido varios impactos de lacrimógenas, que han afectado pacientes, como una recién nacida que debió ser atendidas por problemas respiratorios. Igualmente colegios de diferentes partes del país han sido foco de las bombas para dispersar manifestantes.

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