Los integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) echaron por tierra el recurso ejercido por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, contra la designación de 33 magistrados (13 principales y 20 suplentes), aprobada por la Asamblea Nacional (AN) en diciembre de 2015, según expediente 17-0625. Últimas Noticias tiene el reporte.

Sentencia. La Sala Constitucional declaró inadmisible la acción ejercida contra los magistrados, argumentando que el asunto planteado por Ortega Díaz es “cosa juzgada” porque ya la Sala se pronunció el 19 de julio de 2016.

Antecedente. El TSJ le recordó a Ortega Díaz que en 2016 determinó que los actos de la Asamblea Nacional actual eran ilegales y que no podían remover o destituir a los magistrados, con el argumento de que no cumplieron los requisitos legales ante el anterior Parlamento y el Poder Moral. Además le indica que la sentencia ya era de su conocimiento porque le entregaron copia el 4 de agosto de 2016. La decisión tomada por la Sala será enviada al Consejo Moral Republicano “para que ejerzan las actuaciones que correspondan en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general”.

Firmantes. La sentencia fue firmada por la magistrada Gladys Gutiérrez, quien se reincorporó a la Constitucional, luego del infarto sufrido por su suplente, Juan José Molina; además la rubricaron Carmen Zuleta y Arcadio Delgado, pero se indican que Calixto Ortega, Lourdes Anderson y Damiani Bustillos, no lo hicieron.

Alcance. La Sala Constitucional indicó “dejar sin efecto” la selección y designación de magistrados provocaría la paralización del Poder Judicial. Advirtieron a Ortega Díaz: “cualquier comisión u otro artificio o acción que tenga el objeto de anular la designación de magistrados, subvierte el procedimiento constitucional para la remoción de los altos jueces del Tribunal Supremo de Justicia y, por lo tanto, es írrito y nulo de toda nulidad y carente de validez, existencia y eficacia jurídica; y quienes participen en ellos están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda”. La fiscal ahora podría estar sujeta a responsabilidad penal, civil y administrativa como los diputados de la Asamblea Nacional involucrados en la pretensión de remover a los magistrados.

Fecha. La Sala Constitucional al considerar “improcedente”, por ser “manifiestamente contrario a la verdad procesal”, que la fiscal solicitara que los magistrados cuestionados se inhibieran de conocer el recurso de nulidad. En la sentencia 454 se asegura que esa instancia se reunió el 12 de junio, designó como ponente al magistrado Juan José Mendoza y resolvió en forma conjunta, con toda la Sala; es decir, el mismo día que Ortega Díaz presentó la acción contra los 33 magistrados.

Reacción. La ONG Acceso a la Justicia‏ denunció que la sentencia 454 es del 12 de junio, pero apareció el 14 de junio: “Los magistrados actúan como juez y parte: sentencia 454 ratifica imposibilidad de anular nombramiento de magistrados exprés. No se inhibieron magistrados”.

Demanda. La fiscal al demandar la desincorporación de 33 magistrados del TSJ, dijo que el máximo tribunal es un “obstáculo para la paz del país” por la “falta de legitimidad de origen de esos magistrados”. Añadió que el acta donde se realizó la segunda preselección para elegir a los referidos jueces no estuvo firmada ni por ella ni por la secretaria del Consejo Moral Republicano. “Espero que el Tribunal entre a decidir esta nueva solicitud que estoy haciendo y que se inhiban los magistrados involucrados en este caso (los 33)”, expresó en ese momento.

Declaración. “Yo no participé en ese proceso, yo advertí que ese proceso estaba mal hecho (…)Yo creo que la falta de legitimidad de origen de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad, es sin duda un factor que ha contribuido a que el Tribunal Supremo no dé soluciones efectivas a la crisis del país sino por el contrario, lo que se encarga es de acelerar la crisis”, afirmó Ortega Díaz.

Un trabajo de Crónica.Uno señala que efectivamente, los técnicos del Consejo Moral Republicano desaprobaron a 8 de los 13 magistrados impugnados, incluyendo a dos que ni siquiera evaluaron porque no presentaron documentos, incluyendo Christian Zerpa, quien además fue diputado del PSUV hasta el 22 de diciembre de 2015, un día antes de ser designado y juramentado como magistrado. Además, en el caso de los suplentes 8 de los 21 también obtuvieron menos de 10 de los 20 puntos del baremo aprobado, pero tres de los aprobados tenían denuncias en casos de corrupción. El reportaje resalta el caso de Juan Carlos Valdez, un suplente que no entregó los documentos para ser evaluado y firmó la sentencia del TSJ que eliminó la obligación constitucional de realizar un referendo para aprobar la convocatoria a una Constituyente.

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