De magistrados designados por AN a perseguidos políticos

De magistrados designados por AN a perseguidos políticos

(Actualizado 4/8/2017) Desde que fueron designados los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el pasado viernes 21 de julio, durante una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional celebrada en la plaza Alfredo Sadel, de Las Mercedes, la presión sobre sus hombros ha sido mayor.

No solo quedaron expuestos con nombre y apellido, juramentados y comprometidos para salvaguardar la Constitución, sino que se atrevieron a participar en el proceso de postulación con credenciales en mano ante un Parlamento desacreditado por el Gobierno que lo acusa de desacato y, en consecuencia, desestima las decisiones que toma. Además, enfrentan a los otros 33 jueces, los llamados “magistrados exprés” que fueron designados por la anterior cámara de diputados con mayoría chavista en un proceso relámpago, en 2015, cuando ya sabían que debían entregar las decisiones del Poder Legislativo.

Desde el mismo momento en el que se desarrollaba la plenaria pública, el TSJ se pronunció en contra y advirtió a los recién juramentados que incurrían en “delito de traición a la patria” con sus temidas consecuencias ante los tribunales militares. También, solicitó “medidas de coerción” para todos los que participaron en el evento.

Hasta la fecha

Los 33 magistrados designados por la AN han ido buscando un lugar de protección antes de que se concreten las amenazas del gobierno de Maduro. La periodista Elyangélica González comentó en su cuenta el destino de algunos magistrados:

Asilados. 2 magistrados suplentes formalizaron su petición de asilo político ante el gobierno de Panamá este viernes 4 de agosto. Gustavo Sosa Izaguirre quien además es abogado de la fiscal general de la República y Manuel Antonio Espinoza Melet.

Protegidos. 5 magistrados se encuentran hospedados en calidad de huésped en la Embajada de Chile, en Caracas. Los dos últimos en ingresar fueron Luis Marcano Salazar, este jueves 3 de agosto y Zuleima Gonzalez, un día antes. Beatriz Ruiz Marín y José Nuñez Sifontes ingresaron este martes 1 de agosto, mientras que Elenis del Valle Rodríguez está desde la noche del 29 de julio. “Si lo piden” se le considerarán como refugiados. La cancillería chilena informó que actuarán de acuerdo con los principios jurídicos y humanitarios que inspiran su política exterior.

Fuera del país. 3 magistrados llegaron a Estados Unidos: Alejandro Rebolledo, Antonio Marval y Thomas Alzuru Rojas, este último pidió -este viernes, desde Miami- a la comunidad internacional “reconocerlo” a él y a sus 32 colegas como jueces del TSJ.

Detenidos. Jesús Rojas Torres y Zuleima González (libre y protegida) fueron detenidos por el Sebin, en Anzóategui, el sábado 22 de julio, según denunció la Asamblea Nacional. De acuerdo con la versión oficialista, Rojas Torres manifestó su negativa de pertenecer a la lista de magistrados: “Le dije  a Julio Borges que no quería tomar ese cargo, el día de la juramentación, y me dijo que ya era tarde y continuó mencionando mi nombre ante los medios de comunicación”, reseña Radio Mundial. González, en la actualidad, está bajo protección de Chile.

La más polémica de las detenciones fue la de Ángel Zerpa, procesado por un tribunal militar por el delito de traición a la patria, tal como lo había advertido el TSJ. Fue el primero en ser apresado, un día después de haber sido nombrado. Es también el abogado en el antejuicio de mérito de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que ejecuta el TSJ para relevarla de su cargo y según ella misma denunció el Ministerio Público desconocía “las condiciones en las que estaba detenido”. Inició una huelga de hambre una vez se le reiteró privativa de libertad por tribunal militar.

Excandidatos. Dos candidatos a magistrados pero que no fueron electos, también fueron blanco del Sebin, en el estado Aragua. Francisco Russo se lo llevaron de su residencia en la urbanización San Jacinto de Maracay y Reinaldo Paredes, de La Victoria. Ambos fueron liberados a las pocas horas, el 27 de julio.

Clandestinidad. El resto de los magistrados se encuentran bajo perfil.

Medidas cautelares

En un comunicado urgente emitido este 1 de agosto por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), en conjunto con Human Rights Foundation (HRF) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgue medidas cautelares para proteger a los 33 magistrados designados por la AN.

El fin es “garantizar la vida, integridad física y libertad” de estos funcionarios en medio de un choque de poderes, hostigamientos y amenazas por parte del bloque oficialista. Incluso, el presidente Nicolás Maduro les advirtió que todos irían presos y a todos les congelarían los bienes, cuentas; “nadie los va a defender”.

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