El presidente Nicolás Maduro se prepara para viajar a Ginebra para asistir al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En un reporte de Últimas Noticias y Unión Radio se da cuenta de los detalles del viaje, así como la reacción de la oposición.

Visita. El presidente Nicolás Maduro, intervendrá el próximo 11 de septiembre en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informaron fuentes del organismo multilateral.

Notificación. La ONU ha recibido una nota verbal de la Misión Permanente de Venezuela ante el organismo en Ginebra confirmando que al mandatario venezolano le gustaría intervenir el 11 de septiembre por la mañana, en lo que será el día de apertura de la trigésimo sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Declaración. “Recibimos una ‘nota verbal’ hoy de que viene”, dijo el portavoz de derechos humanos de la ONU, Rolando Gómez. “(Maduro) se presentará en la inauguración de la sesión del Consejo”, dijo.

Oportunidad. Williams Dávila, diputado y dirigente del partido Acción Democrática, integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, indicó que esa será una buena oportunidad para que allí se explique la situación de la violación de los derechos humanos en Venezuela.

Defensa. Para Dávila es importante que Maduro afronte la cita de DDHH,  porque “en esta instancia será emplazado y él tendrá la oportunidad de demostrar con pruebas que los que le están diciendo es mentira”, en medio de una postura de varios países que integran la declaración de Lima que estarían en contra de que Venezuela siga en el Consejo de los Derechos Humanos.

Posición. “Es contradictorio que yo esté en el Consejo de los Derechos Humanos y el Alto Comisionado me este diciendo a mí que hay un delito flagrante como lo son las desapariciones forzadas, por lo que estoy seguro que Maduro recibirá fuertes críticas, muy claras y muy determinantes porque en el mundo entero se sabe de las violaciones de los derechos humanos aquí en Venezuela”, manifestó el parlamentario.

Antecedentes. Maduro irá a la cita, pocos días después que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Acnudh, presentara el informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1° de abril al 31 de julio de 2017”. En ausencia de autorización del gobierno para entrar en el país, el equipo del alto comisionado emprendió actividades de monitoreo a distancia en la región, entre las que se incluyó 135 entrevistas con víctimas y sus familiares, testigos, representantes de organizaciones no gubernamentales, periodistas, abogados, médicos, paramédicos y el Ministerio Público. También recibió información por escrito de la Defensoría del Pueblo y de la Misión Permanente de Venezuela para las Naciones Unidas en Ginebra.

Documentos. El texto detalla el uso de fuerza excesiva y letal por parte de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas, juicios militares contra civiles, ataques contra periodistas, y ataques y restricciones contra opositores.

Conclusiones. El documento refiere que en Venezuela se “pone de manifiesto una situación de derechos humanos cada vez más crítica desde el comienzo de las protestas, en la que se observan niveles cada vez más altos de represión de la oposición política por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y un aumento de la estigmatización y persecución de las personas percibidas como opositoras al gobierno del presidente Maduro”. Precisa la existencia de violaciones generalizadas de los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales, violaciones que tienen por objeto frenar cualquier tipo de protesta contra el gobierno. Constató que las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva y realizado detenciones arbitrarias de las personas que participan en manifestaciones. También señala la existencia de patrones de maltrato, que en ocasiones podrían llegar a constituir tortura y violaciones graves del derecho al debido proceso.

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