El denominado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio (TSJ), conformado por parte de los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional que salieron del país antes de ser apresados por usurpación, presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una denuncia formulada inicialmente por Hebert García Plaza, donde mostró pruebas que acusan a cerca de 60 funcionarios del gobierno venezolano de participar en crímenes de lesa humanidad. El Nuevo Herald tiene el reporte.

Acción. El presidente de la Sala de Casación, José Troconis Da Silva, explicó en rueda de prensa que la Sala de Casación Penal del TSJ tomó la decisión de acudir ante la CPI, al verse imposibilitada de asumir las denuncias introducidas por individuos particulares, función que pertenece legalmente a la Fiscalía General de la Nación.

Declaración. “Esta Sala […] no tiene atribuciones para conocer de denuncias sobre hechos punibles […] Pero después de haber analizado el escrito de denuncia presentado […], consideramos que como máximos representantes del poder judicial en materia penal, tenemos la obligación de darle una respuesta a quien busca justicia”, manifestó Troconis.

Denuncia. El recurso acusa a los líderes del régimen de instaurar un esquema sistemático de persecución política que convierte en enemigos del Estado a cada ciudadano en desacuerdo con el proyecto político impulsado por el chavismo.

Texto. Bajo el esquema de sometimiento y de control social que ya está siendo implementado, “las personas ideológicamente contrarias a su proyecto [político], serán dominadas, movilizadas o destruidas. Todo con el propósito de hacer dicha Revolución [socialista], irreversible”, señala el texto de la denuncia.

Elementos. “En los hechos narrado por el ciudadano Hebert García Plaza, esta Sala aprecia una serie de actos que pudieran subsumirse en delitos previstos en los artículos cinco, seis y siete del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como son los delitos de asesinatos, encarcelación en violación de normas fundamentales del derecho internacional, y persecución de un grupo fundado en motivos políticos”, añadió.

Sujetos. Entre los altos jerarcas del régimen bolivariano acusados en la denuncia se encuentran el presidente Nicolás Maduro; el ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol; el ministro de Defensa Vladimir Padrino López; el ex comandante general de la Guardia, Antonio Benavides Torres; el vicepresidente, Tareck El Aissami; y el ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Generalato. Entre los acusados también figuran el director de la Policía Nacional Bolivariana, General de Brigada Carlos Alfredo Pérez Ampueda; el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el Comisario General Douglas Rico; y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, General en Jefe Gustavo Enrique González López.

Detalle. El documento añade que al menos unos 20 millones de venezolanos podrían verse obligados a abandonar el país, correr el riesgo de morir por mala alimentación y falta de medicamentos o ser encarcelados o asesinados por las fuerzas del gobierno. Además señaló que los documentos anexos a la denuncia presentada establecen que la polarización en Venezuela es el resultado directo de políticas establecidas por el régimen.

Menú de cierre