La medida de casa por cárcel del dirigente opositor de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, en la víspera de los 100 días de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, dejó abierto un debate sobre las acciones futuras de los diversos sectores en la crisis del país.

A continuación algunas claves de este proceso:

La medida. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el arresto domiciliario del emblemático líder opositor Leopoldo López por “problemas de salud”, según confirmó el órgano judicial en su cuenta oficial de Twitter. Señala que la ponencia fue del magistrado Maikel Moreno y la Sala Penal otorgó “medida humanitaria ajustada a Derecho”, con fecha 7 de julio de 2017.

La madre del ex alcalde de Chacao, Antonieta de López, dijo que desconocía los problemas de salud de su hijo. “No sé, no lo he visto en un mes y medio”, respondió a un periodista de Vivo Play cuando fue abordada a la entrada de la residencia de López.

La medida se ejecutó de madrugada, a las 3 de la mañana el líder de la tolda anaranjada llegó a su casa en Los Palos Grandes. Según reveló su esposa, Lilian Tintori, en la caravana que lo escoltó desde Ramo Verde estaba Delcy y Jorge Rodríguez, ambos oficialistas muy cercanos al círculo de poder del presidente Nicolás Maduro.

El expediente.  Otro de los aspectos que señala el TSJ es “que existían serios señalamientos de irregularidades sobre la distribución del expediente a un Tribunal de Ejecución”. Esto sorprendió a sus abogados quienes han denunciado los vicios del proceso judicial en contra de López.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor del activista político, aclara que existe un retraso indebido en el manejo del expediente, “ni siquiera se había nombrado un juez de ejecución y ese proceso estaba en esas condiciones: sin acceso al expediente, a poder ver a Leopoldo López y sin acceso al debido derecho”, puntualiza Tal Cual.

El 16 de febrero de 2017 la Sala Penal confirmó la sentencia condenatoria, dos semanas después de este fallo en última instancia enviaron el expediente a la presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de Jimail Montiel, a efectos de su remisión a un Tribunal de Ejecución. La remisión no se realizó porque la Oficina Distribuidora de Expedientes señaló que había fallas de foliatura, sellos y firmas, así que envió el expediente al Tribunal 26 de Juicio, quien podría ser responsable de esos errores cuando estaba a cargo de Susana Barreiros, jueza que dictó sentencia en primera instancia contra López y se separó del cargo a los meses para ocuparse de su designación como Defensora Pública General. Desde ese momento, el Tribunal 26 de Juicio ha permanecido cerrado por falta de juez y, por tanto, no hay despacho ni respuesta de las irregularidades, según publica Efecto Cocuyo.

Al conocer la noticia del arresto domiciliario, Gutiérrez dijo que lo tomó por sorpresa porque había realizado la solicitud incontables veces y esta medida del TSJ solo ratifica la existencia de graves vicios en el proceso penal. “Esto no constituye de manera real y efectiva un acto de justicia”, puntualizó.

La foto. Aunque el dirigente opositor no ha pronunciado palabra de manera directa, sí lo ha expresado a través de otras vías. Este sábado 8 de julio, se asomó con una bandera en mano a saludar a periodistas, seguidores y curiosos que se agolpaban frente a su residencia.

El mensaje. El diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, leyó una carta de López en el que reiteró que continuará trabajando para lograr “la libertad de Venezuela”.

“Mantengo firme mi oposición a este régimen (…) si eso significa correr el riesgo de volver a Ramo Verde estoy dispuesto a asumirlo (…) hermanos y hermanas reitero mi compromiso de luchar hasta conquistar la libertad”.

Lo que sigue. La posición de López con respecto a la medida es que los demás presos políticos salgan, aunque en estos momentos debe acatar la medida. “A nivel de tribunales dejaremos constancia de su expresa voluntad. Esto es una decisión que se ha tomado y se tiene que ejecutar en los términos que se han dado. No puede haber resistencia cuando se trata de una orden judicial ejecutada por funcionarios policiales y militares. Haremos resistencia a la ilegalidad, arbitrariedad, violación de DDHH”, dijo el abogado defensor según publica Tal Cual.

“Queda acreditado que hay vicios de cáracter procedimental. Tenemos un recurso ante las Naciones Unidas que será intentado. Hay violaciones graves de derechos humanos, violaciones graves de derechos civiles y políticos y seguiremos denunciando esta situación hasta que esta sentencia sea declarada nula”.

López ha manifestado su preocupación por el destino de los otros presos políticos que según la ONG Foro Penal suman más de 400 personas.

Reacciones. Desde que se conoció la decisión del TSJ, no han parado de emitirse mensajes de apoyo y de rechazo a la medida. El presidente Nicolás Maduro dijo que no intervino en la decisión actual ni en la acusación que llevó el Ministerio Público en 2014, con lo cual quiere deslindarse del caso y responsabiliza en absoluto a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, su más reciente disidente del chavismo crítico.

Como trascendió en redes sociales, la Procuraduría General de la República apoyó, en 2014, la sentencia del MP en contra del dirigente de Voluntad Popular. Este organismo es dependiente del Ejecutivo y de las órdenes del primer mandatario.

El ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, como vocero del Gobierno también se pronunció a través de su cuenta Twitter y no con un comunicado oficial como lo ha venido haciendo en días recientes.

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, también usó la plataforma de microblogging para lanzar un breve comunicado donde aseguró que fue la Comisión por la Verdad, el Poder Judicial y el organismo que representa los que permitieron que esa medida judicial a favor de López fuera ejecutada.

   

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, consideró positiva la decisión para contribuir a la paz y estabilidad del país pero advirtió los peligros de la negociación política.

Lo que hay es que tener cuidado en el contexto en el que se toman estas decisiones es el de una crisis política y de una profunda falta de credibilidad y de respeto hacia el Tribunal supremo de Justicia. No se puede usar a las personas privadas de libertad como si fuesen unos rehenes que pueden ser objeto de negociación, tal como lo hacen algunos grupos delictivos con las personas que secuestran. No se debe instrumentalizar un caso tan delicado y sensible para el país para tratar de legitimarse y mejorar su imagen”.

En una entrevista en el diario chileno La Tercera, Ortega Díaz dijo que ahora pretenden hacer una campaña de descrédito contra el Ministerio Público.

Presión, calle y ¿negociación?. La medida judicial a favor de Leopoldo López coincide con los 100 días de protestas continua y una agenda de calle de la MUD en la que convoca a acciones pacíficas en contra del gobierno con miras a un plebiscito el próximo 16 de julio. El objetivo es “bajar la presión” y dar “mensaje de apertura”, dijo a AFP el analista Luis Vicente León según reseña El Nacional.

El politólogo Luis Salamanca señala que la medida “apunta a enfriar las protestas, que ya venían bajando en intensidad y llegar con una imagen más decorosa a la elección de la Constituyente”. Comenta que “el gobierno no da puntada sin hilo, algunos voceros van a salir a decir que hay negociaciones de alto nivel para desacreditar a la oposición”, opina Salamanca.

La excarcelación del dirigente opositor fue una de las solicitudes de la MUD en las mesas de diálogo con el gobierno.

“La negociación a la que puede estar dispuesto el gobierno está lejos de lo que aspira la oposición y especialmente la base opositora, que actúa como si hubiera ganado y realmente está lejos de eso”, sostiene León, al advertir que Maduro no va a entregar el poder y difícilmente cederá en la Constituyente.

La sentencia. Leopoldo López, político de 46 años, fundador del partido Voluntad Popular y ex alcalde de Chacao, fue sentenciado a 13 años, nueve meses y siete días de cárcel. Se le acusa de “asociación para delinquir, instigación a delinquir, daño e incendio” . Tras 3 años y 5 meses detenido en la cárcel militar de Ramo Verde se le otorgó arresto domiciliario. El gobierno de Nicolás Maduro lo acusa de la violencia de las protestas de 2014 donde hubo un saldo de 43 muertos y más de 3 mil heridos, durante dos meses de conflictos en la calle.

¿Más sobre Leopoldo López? Este es el seguimiento que le hemos hecho el El Cambur, al dirigente de Voluntad Popular.

 

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