En las últimas semanas, diversos autoridades electas han sido despojadas de su cargo por la vía judicial. En una nota de Unión Radio se indica el balance de la ONG, Foro Penal Venezolano, sobre los procesos legales contra dirigentes opositores.

Cifra. Al menos 21 alcaldes opositores han sido procesados por la Justicia durante el Gobierno de Nicolás Maduro, según reportó el abogado Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV).

Detalle. Romero explicó que los tribunales del país han emitido órdenes de captura contra seis ediles que actualmente están prófugos de la Justicia, mientras que hay otros cuatro burgomaestres con medidas privativas de libertad y que engrosan la lista de los llamados “presos políticos”.

Evadidos. Reseñó que los alcaldes Ramón Muchacho y David Smolansky de los municipios Chacao y El Hatillo, respectivamente, están prófugos tras ser condenados recientemente a 15 meses de prisión por permitir la instalación de barricadas durante la actual ola de protestas que ha dejado más de 120 muertos. Warner Jiménez, está exiliado y con orden de aprehensión y Gustavo Marcano también fue destituido y tiene una orden de aprehensión.

Presos. Asimismo indicó que Antonio Ledezma (privado de libertad), Daniel Ceballos (privado de libertad), Delson Guarate (privado de libertad), Alfredo Ramos (privado de libertad) están bajo medidas privativas de libertad.

Medidas. El abogado detalló también que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado medias cautelares contra otros cinco alcaldes -que les advierten penas de cárcel-, cuatro ya fueron destituidos mediante distintos mecanismos y otros dos tienen procesos judiciales abiertos, uno de ellos por presunta relación con un homicidio. Algunos de estos son: Lumay Barreto (destituida), Enzo Escarano (inhabilitado por 15 años y liberado después de 11 meses de prisión), Omar Láres (con orden de aprehensión)y Carlos García (destituido y sentencias a 15 meses de cárcel).

Extra. La organización no gubernamental tiene además información de varios diputados, concejales y dirigentes políticos sin cargo de elección popular, todos contrarios al Gobierno socialista, que están bajo arresto, o han sido “perseguidos, intimidados o destituidos”. Romero cree que con todos estos casos el Gobierno busca excluir e intimidar a los adversarios políticos y, de retruque, hacer “propaganda” de poder para “desmoralizar” a la militancia antichavista.

Argumento. El argumento usado por el Poder Judicial para retirar a los dirigentes opositores en los últimos días es el “supuesto desacato” a las sentencias con las que se les ordenó evitar las barricadas y los cierres de vías en los municipios donde son autoridad, durante los más de 100 días de protestas de la oposición.

Contraloría. Mientras el máximo juzgado ha destituido y ordenado prisión para varios alcaldes, la Contraloría ha eliminado mediante sanciones administrativas a fuertes contendientes para las votaciones regionales, como los excandidatos presidenciales Henrique Capriles y Manuel Rosales, quienes tienen prohibido aspirar a cargos de elección popular por haber cometido supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante sus gestiones.

Menú de cierre