El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) neutralizó el camino de la aclaratoria legal seguido por la fiscal Luisa Ortega Díaz, para explicar el formato de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que fue aplicado por el Gobierno y avalado por el máximo tribunal. En una nota de El Universal, se da cuenta como la Corte declaró inadmisible el recurso.

Argumento. De acuerdo al TSJ, la decisión fue rechazada al “no tratarse de una acción popular, la Fiscal General de la República, quien no fue la solicitante de la interpretación en cuestión, mal podría invocar un interés general o una ‘particular’ concepción del orden público para solicitar la presente aclaratoria, por lo cual la misma se declara inadmisible por falta de legitimación”.

Sentencia. La Sala Constitucional del TSJ, mediante la sentencia N° 44, declaró inadmisible la solicitud de aclaratoria de la sentencia N° 378 interpuesta por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. En esta decisión, el máximo tribunal afirmó “que no es necesario, ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”.

Base. La argumentación de la Sala prosigue diciendo que “a los efectos de la solicitud de aclaratoria, la fiscal general de la República no fue la ‘accionante’ o ‘recurrente’ en la interpretación y al ser un asunto de mero derecho en el cual no hubo contención, tampoco fue ‘parte’, por lo cual, a pesar de invocar su condición de representante del ‘interés general’ y del ‘orden público’, no puede ser considerada ‘parte’ desde el punto de vista técnico, a los efectos contemplados en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil”.

Negativa. El TSJ precisa en el fallo que en este caso no se está en presencia de una acción popular, en la que basta el “simple interés” y que puede ser intentada por cualquier persona pública o privada. La máxima Intérprete de la Constitución señaló que el recurso de interpretación exige un interés personal, directo y actual, en los términos en que fue asumido en la sentencia número N° 378, objeto de la interpretación y cuya aclaratoria se solicita.

Facultades. Los magistrados señalan que “la sentencia deja claro que no existen dudas de las atribuciones procesales del Ministerio Público y de la potestad de intervenir como titular de la acción penal o como tercero de buena fe en procesos judiciales de la jurisdicción ordinaria, en materias de su competencia. Tampoco existen dudas sobre los derechos que la víctima puede ejercer en el proceso penal, entre los cuales destacan la posibilidad de presentar querellas, formular acusaciones particulares propias en delito de acción pública o privada y ejercer acciones para reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible”.

Antecedente. La Fiscal General, asistió el pasado jueves a la sede del TSJ a consignar un escrito ante la Sala Constitucional, para pedir una aclaratoria sobre la sentencia que emitió este 31 de mayo en la que expresa que “no es necesario un referéndum para activar una Constituyente”. “Estamos solicitando (una explicación ya) que quieren convocar una modificación del texto constitucional sin consultar al pueblo. Estamos pidiendo para la seguridad jurídica, que el TSJ en la Sala Constitucional, aclare estos aspectos”, dijo entonces.

Consideraciones. Ortega Díaz expuso que la sentencia que suprime el consultivo es “un retroceso a los Derechos Humanos (…) nuestra constitución establece la progresividad en los Derechos Humanos, bajo ninguna circunstancia puede ser desmejorados”. Además dijo “igualmente hemos solicitado la aclaratoria de si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica (…) de la letra de la sentencia parece se elimina”, agregó la funcionaria.

Rechazo. El TSJ, además mediante la Sala Político Administrativa, declinó la demanda de nulidad contra la ANC. La demanda fue presentada el pasado 9 de mayo por los abogados Ivett Lugo, Elinor Montes, Elenis Rodriguez, Carlos Prince, Jaime Martínez y Omar Estacio, solicitando anular los decretos 2.830 y 2.831 mediante los cuales el Presidente convocó a la Asamblea y designó una comisión para impulsarla.

Pedido y respuesta. Este grupo de abogados argumenta que el presidente Nicolás Maduro “no está facultado para convocar la Constituyente y en consecuencia incurrió en usurpación de funciones al hacerlo”, pero los magistrados respondieron que el Presidente de la República “puede dictar actos de rango sublegal en ejecución de leyes”. Manifestaron que los decretos impugnados responden al ejercicio de una competencia “en ejecución directa de la Constitución, cuyo control se reserva de manera exclusiva a la jurisdicción constitucional”.

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