La Contraloría General de la República anunció que inició una “actuación de control fiscal” sobre la “Fiscalía General de la República y las distintas áreas y dependencias que la conforman” en todo el país. El reporte es de El Universal.

Medida. El contralor general, Manuel Galindo, leyó en un comunicado, que “decidió acordar, como en efecto se acordó, practicar una actuación de control fiscal orientada a evaluar los procedimientos administrados, presupuestarios y financieros ejecutados durante los ejercicios económicos financieros comprendidos del primero de enero de 2008 al 30 de julio de 2017 por la Fiscalía General de la República y las distintas áreas y dependencias que la conforman”.

Presencia. Para realizar la auditoría informó que instaló comisiones del despacho que dirige en la sede administrativa del Ministerio Público, en las fiscalías superiores regionales y en las fundaciones Servicio Integral de Salud del Ministerio Público y Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público.

Extensión. Galindo además refirió que ordenó una fiscalización en la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales (Andros), “con el objeto de verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones”.

Hallazgos. El contralor anticipó que “en el supuesto negado de que fueran detectados indicios suficientes, pertinentes y oportunos de alguna irregularidad administrativa se dará inicio a los procedimientos a que haya lugar, los cuales seguirán su curso hasta obtener su resulta respectiva, siempre en estricto apego a los principios constitucionales del respeto al debido proceso y la garantía al derecho a la defensa”.

Aclaratoria. Galindo aclaró que si bien es cierto que la Contraloría General de la República integra el Poder Ciudadano, así como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, esa institución “actúa de manera autónoma en el ejercicio de las atribuciones y obligaciones exclusivas y excluyentes contenidas en la Constitución Nacional y en la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su reglamento, así como en los instrumentos de carácter sub legal internos que todos son vinculantes”.

Antecedente. La fiscal general Luisa Ortega Díaz ejerce el cargo, desde el 13 de diciembre de 2007, cuando fue designada para un primer periodo de siete años (2007-2014) por la Asamblea Nacional de entonces -de mayoría oficialista. Luego fue ratificada por el parlamento siguiente -todavía dominado por partidos afines al Gobierno Nacional- por un período igual que inició el 22 de diciembre de 2014 y debe finalizar en 2021.

Enfrentamiento. Desde abril la fiscal general de la República se mantiene enfrentada al gobierno del presidente Nicolás Maduro al haber aseverado que en Venezuela se había producido una “ruptura del orden constitucional”, a raíz de la publicación de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que despojaba de sus competencias a la Asamblea Nacional.

Pedido. El pasado 30 de mayo Ortega Díaz‏ informó que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección de todos los funcionarios del Ministerio Público. También tras la convocatoria que hizo el presidente Maduro de una Asamblea Nacional Constituyente, aseveró que la misma es “inconstitucional”, llamando a desconocerla y a mantenerse en defensa de la actual Carta Magna. Además, procedió a interponer varias acciones judiciales en contra de ese mecanismo y de 33 magistrados del TSJ.

Reacción. Ortega Díaz declaró que la Contraloría General de la República “haga todas las auditorías que quiera. Las puertas del Ministerio Público están abiertas a que sean revisadas sus actuaciones”. “El Ministerio Público fue sorprendido con la presencia de funcionarios de la Contraloría. El Ministerio Público está abierto a que se hagan todas las auditorías que quieran, pero no puede ser que lleguen tipo OLP atropellando a los funcionarios”, fustigó.

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