Tras los pasos de Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea (UE) aprobó sus propias sanciones contra Venezuela para favorecer el diálogo entre gobierno y oposición, entre ellas un embargo de armas y futuras medidas contra responsables de este país. El Nacional con el reporte.

Antecedentes. Desde el inicio en abril de las protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos en cuatro meses, varios dirigentes europeos, entre ellos el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, urgieron a la UE a adoptar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero la instalación de la asamblea nacional constituyente, que rige el país con poderes absolutos desde agosto y que tanto la oposición como países de América y Europa desconocen, supuso la gota que colmó el vaso de una UE que abrió la vía a las sanciones adoptadas.

Embargo. Tras expresar su preocupación por las informaciones sobre violaciones de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza en Venezuela, los países europeos deciden prohibir la venta y el abastecimiento de armas, municiones, vehículos y equipos tanto militares como paramilitares.

Asistencia. Los ciudadanos y empresas europeas tienen además prohibido aportar asistencia técnica o servicios de corretaje, así como financiación o ayuda financiera, para actividades militares de este país sumido en una crisis política y al borde del default.

Amplitud. Este embargo se extiende también a los equipos susceptibles de ser utilizados para fines de represión interna, así como a la tecnología que pueda usarse para la vigilancia o la interceptación de internet y de las comunicaciones telefónicas, según la decisión adoptada.

Exclusiones. Fuera de la prohibición quedaría el material militar no letal destinado a fines humanitarios, el material de desminado y los equipos no letales destinados únicamente a la protección de las fronteras, a la estabilidad regional y la interceptación de narcóticos.

Lista. Los responsables de las violaciones de los derechos humanos o de actos de represión contra la sociedad civil y la oposición en Venezuela, así como aquellos que atenten contra la democracia o el Estado de Derecho, estarán también sometidos a sanciones. Para ello elaborarán una lista “negra”.

Proceso. Las personas o entidades señaladas en esta lista negra, que por el momento se encuentra vacía, no podrán viajar a territorio europeo y tendrán sus activos congelados en el bloque. Los países deben aprobar por unanimidad las inclusiones en esa lista.

Efecto. A diferencia de la UE, Estados Unidos y Canadá han adoptado medidas financieras contra Maduro y varios de sus funcionarios, pero Washington ha ido más allá, al prohibir a sus ciudadanos y empresas negociar deuda emitida por el gobierno venezolano y su estatal petrolera Pdvsa.

Aplicación. Los ministros explicaron que las medidas adoptadas se utilizarán de forma “gradual y flexible” y que podrán ser “expandidas” a quienes “no respeten los principios democráticos o del Estado de derecho” o estén implicados en “la violación de los derechos humanos”.

Reacción. El Gobierno repudió las sanciones que le impuso la Unión Europea y aseguró que esta decisión pretende “imponer ilegales, absurdas e ineficaces” medidas “contra el pueblo”, según una nota de la Cancillería. “El Consejo Europeo pretende además convencer al mundo de un supuesto consenso entre sus Estados miembros para adoptar medidas hostiles, cuando la realidad es que las grandes economías europeas ejercieron notables presiones hacia el resto de los Gobiernos del bloque y hacia las propias instituciones de la UE”, dice el escrito.

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