Una petición frecuente en las redes sociales se refiere a la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, una de las atribuciones de la Asamblea Nacional (AN). Esto en respuesta al acuerdo aprobado para la remoción de los mismos después de su nombramiento “exprés” de 13 magistrados y 21 suplentes realizado por la anterior mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el pasado 23 de diciembre de 2015. Esto a pesar de no  cumplir con los plazos establecidos por la ley para su selección, evaluación e impugnación, e incluso designando a abogados que no cumplen con los requisitos de ley, como ha estudiado y denunciado la ONG Acceso a la Justicia. Los perfiles de 13 magistrados fueron revisadas por Runrunes que mostraban sus relaciones con el gobierno y/o decisiones a favor del  mismo.

Lapsos y procesos

Para la selección de los magistrados del TSJ se debe conformar un Comité de Postulaciones Judiciales, con seis miembros de la sociedad civil y cinco diputados de la AN. Luego se convocarán a los abogados aspirantes a magistrados a consignar los recaudos y atender las respectivas entrevistas por medio de la publicación de un aviso en al menos tres periódicos de circulación nacional por no menos de 30 días.

Luego de una selección de cumplimiento de requisitos e idoneidad, se debe presentar una lista preliminar que también debe conocerse mediante la publicación de un aviso de prensa y por 15 días continuos. De haber alguna objeción, el Comité se tomará 8 días para responder sobre la aceptación de las denuncias y de ser así, habrán ochos días más para notificar a los impugnados, quienes tendrán tres días para que lleven pruebas de descargo.

Luego de analizadas estas pruebas y otra nueva selección del Comité, este va al Consejo Moral Republicano para su revisión aunque no podrá objetar la lista salvo “causa grave”. Una lista se establece en el artículo 62 como “causales de remoción” entre las que se ubican la incapacidad física o mental, los errores jurídicos inexcusables y faltar a la ética pública. Devolverá la lista tras analizarla en máximo 10 días continuos y el Comité tiene cinco días más para hacer la última selección.

Esta sería una lista con al menos tres personas por cargo disponible, o terna, la cual es presentada por uno o varios diputados del Comité de Postulaciones Judiciales ante la cámara para consideración y votación. La elección en 2015 fue hecha con mayoría simple: el artículo 38 de la LOTSJ pide que sea calificada (110 votos), pero señala que después de tres sesiones se puede elegir con mayoría simple en una cuarta sesión plenaria. Esto según lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Exprés en 2015

Los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática criticaron el incumplimiento de los lapsos para la impugnación, el cual finalizó el 4 de diciembre de 2015 y cuyo proceso entero debió terminar entre el 4 y el 6 de enero de 2017 según Acceso a la Justicia.

En ese proceso se objetaron 16 aspirantes, incluyendo Cristian Zerpa, quien fue diputado a la AN hasta un día antes de ser juramentado como magistrado del TSJ, a pesar que la ley prohíbe tener militancia política.

405 abogados fueron convocados por el Comité: 29 no asistieron y 376 fueron entrevistados. De las misma salió una preselección, que según Noticias24 fue de 175 aspirantes y de acuerdo a El Universal de 80 aspirantes, pero que estuvo lista el 12 de diciembre y fue presentada y revisada a su vez por Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República y entonces presidenta del Consejo Moral Republicano.

La elección fue hecha con mayoría simple pues la oposición se abstuvo y el oficialismo apresuró el proceso con asambleas extraordinarias el 20, 21 y 22 al declararse en “sesión permanente”, con una elección final el 23 de diciembre. Cuando aún el Comité debía informar qué impugnaciones aceptaba y los tres días para la defensa de los señalados.

En 2017

Al respecto el pasado 25 de abril de 2017 la AN aprobó la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales. Según artículo 65 de LOTSJ, el Comité anterior se venció en octubre de 2016 tras cumplir dos años de labores. Una investigación de El Nacional encontró que los seis miembros de la sociedad civil no fueron ni “de todos los sectores del país” sino poseían cercanas relaciones con el gobierno: dos exdiputados chavistas; el exsecretario de grupo parlamentario de amistad Italia-Venezuela y la secretaria de la Comisión de Política Interior (ambos presididos por Elvis Amoroso, quien también era presidente del Comité); dos funcionarios activos y un contacto de una contratista de la Gobernación de Aragua entre 2002 y 2012.

Los documentos de los 25 aspirantes a conformar este Comité de Postulaciones de 2017 fueron recibidos entre el 15 de mayo y el 5 de junio. Para ser parte del mismo se deben cumplir los siguientes requisitos: venezolano, de reconocida honorabilidad y prestigio en el ejercicio de las funciones o profesión que ejerzan o les haya correspondido ejercer, mayores de 35 años y no haber sido condenado penalmente mediante sentencia definitivamente firme ni sancionado por responsabilidad administrativa.

El 13 de junio fue juramentado el comité, el cual quedó presidido por el diputado del estado Carabobo, Carlos Berrizbeitia. También está integrado como miembros principales, los diputados Chaim Bucarán, Ismael García, Edgar Zambrano, Sonia Medina; y como miembros suplentes, Rafael Guzmán,  Luis Villalba, José Gregorio Obregón, Maribel Herrera y Olivia Lozano.

Además de los diputados, el comité de postulaciones lo integran representantes de la sociedad civil, quienes son: Laura María Bastidas Zambrano, Luis Alberto Arteaga e Ismael Cortez Carmona, los tres por iniciativa propia; Henry Antonio Flores Alvarado por el Foro Penal Venezolano; Carlos Segundo Luna Ramírez por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Perkins Asdrúbal Rocha Contreras por la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela.

Como miembros suplentes fueron designados: Ramón Alberto Aguilar Lucena y Mariela Coromoto Parra Landaeta por iniciativa propia; Olnar Alberto Ortíz Bolívar por el Foro Penal Venezolano y Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas; Joel Antonio García Hernández por Fundesi; Juan Carlos Apitz Barbera por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV y Nelson Rafael Riedi Cabello por la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela.

Durante 2016

Este proceso inició el 6 de enero de 2016, cuando aún estaba vigente el Comité de Postulaciones Judiciales anterior, cuando se designó comisión especial -liderada por el diputado Carlos Berrizbeitia- para investigar la designación ilegal y “exprés” de los magistrados. El primer informe fue aprobado el 24 de marzo. El 31 de marzo se remitieron al Consejo Moral Republicano, el cual ahora presidido por el Defensor Tarek William Saab, no remitió escrito justificando el rechazo a declarar las “faltas graves” de los magistrados y dijo que sentencias de 157 y 158 que corregían las 155 y 156 eliminaban esta posibilidad.

En abril fue aprobada la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para que Sala Constitucional pasara de tener 7 a 15 magistrados. Fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia por “desacato”.

En julio se declararon nulos los actos de la AN que eligieron a los magistrados en diciembre de 2015 tras un segundo informe y final de la Comisión Especial. De nuevo el TSJ dijo que la AN no podía eliminar sus propios actos.

 

 

 

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