La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección para todos los funcionarios que trabajan en el Ministerio Público.

La información la difundió a través de su cuenta Twitter, donde también compartió un comunicado de los ministerios públicos de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Chile y Paraguay, quienes que rechazan “cualquier pretensión de remoción de manera ilegal” de la fiscal general.

De acuerdo al activista de derechos humanos Marino Alvarado, reseñado por Provea, la decisión de Luisa Ortega Díaz “refleja el grado de indefensión y arbitrariedad en Venezuela”, que ella a señalado en sus anteriores declaraciones como inseguridad jurídica y que desarma la institucionalidad del país.

“La necesidad de atender la situación de derechos humanos en el país” es un objetivo claro de la fiscal general, de acuerdo a lo expresado por el ex coordinador de Provea.

Con estas medidas se solicita que públicamente se garantice la integridad de las personas involucradas. Ahora, la CIDH procederá a requerir al Estado venezolano la información necesaria para atender la solicitud. Esto puede o no acelerarse si “la inmediatez del daño potencial no admita demora”. 

Por su parte, las autoridades venezolanas emitieron un comunicado este 27 de junio donde señalan que la CIDH mantiene “juicios tendenciosos y carentes de objetividad” ante la situación del país.

A continuación el comunicado:

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una vez más, expresa su profundo rechazo al comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en fecha 27 de junio de 2017.

La CIDH reincide en la práctica de emitir juicios tendenciosos, carentes de toda objetividad y difunde sus conclusiones sin investigar con ponderación, equilibrio y rigurosidad los hechos acontecidos. La Comisión desconoce los esfuerzos del Estado venezolano por garantizar la paz y la seguridad en el país.

La CIDH desatiende su función de promoción y protección de los derechos humanos al no emitir un pronunciamiento que llame a los grupos violentos en Venezuela a deponer su actitud. Reiteramos que esta deliberada omisión es una clara transgresión a la legalidad internacional que debe regir el funcionamiento de la CIDH y se constituye en un respaldo a los sectores que intentan socavar la estabilidad democrática en Venezuela a través del uso de la violencia y vandalismo generalizado.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela respeta el derecho a la protesta pacífica y sin armas, a la libertad de expresión y reafirma su compromiso con los derechos humanos de todos quienes habitan en su Nación. En razón a ello, adelanta todas las acciones necesarias, apegadas al debido proceso, para sancionar a los responsables sean estos civiles o pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado. /CP

Washington DC, 27 de junio de 2017

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