La Cancillería de la República emitió un comunicado “sobre la situación jurídica del ciudadano Freddy Guevara”, en el que además de recordar que el diputado, quien se refugió en la residencia del embajador de Chile en Venezuela, “dispone de todas las garantías jurídicas para preparar su defensa”, también denunció una “campaña de instigación al desconocimiento de las autoridades constitucionales”.

En un reporte de El Universal, el despacho dirigido por Jorge Arreaza, dice que conforme al Estado Social de Derecho y de Justicia vigente en Venezuela, y en acatamiento al principio de separación de poderes, el Gobierno toma nota de la decisión del Poder Judicial y mantiene su convencimiento de que las instituciones nacionales seguirán actuando conforme al ordenamiento jurídico venezolano.

Refiere que “para el pueblo venezolano resultan públicas y notorias las actuaciones del diputado Freddy Guevara y su presunta responsabilidad durante las acciones violentas de desestabilización política conocidas como “las guarimbas”, que dejaron un doloroso saldo en pérdidas humanas y daños materiales entre los meses de abril y julio de 2017″. Sin embargo, corresponde a los Tribunales Ordinarios de la República la confirmación, o no, de esta presunción y las actuaciones que dicte en ejercicio de la potestad exclusiva de administración de justicia.

Sobre Guevara, la Cancillería sostuvo que de acuerdo a las leyes venezolanas, el Diputado Guevara dispone de todas las garantías jurídicas para preparar su defensa conforme al debido proceso tal cual lo establecen la Constitución y las leyes.

Expresa igualmente su enérgico repudio a los permanentes actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela por parte de gobiernos, organizaciones y personas que se arrogan -de manera insolente- una pretendida e inexistente licencia para tutelar la democracia venezolana y sus instituciones.

“El Gobierno Bolivariano exige el cese inmediato de las agresiones contra el pueblo y el Gobierno de Venezuela y sus instituciones, y denuncia la campaña de instigación al desconocimiento de las autoridades constitucionales, cuyo propósito evidente es alentar y reactivar la desestabilización y la violencia en el país”.

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