Durante más de los cuatro meses de protestas opositoras, miles de personas han sido apresadas durante las manifestaciones, pero una fracción de ellos, 655, fueron presentados y apresados por tribunales militares, pese a su condición civil. Ante esto, diversos reclamos en el país, e incluso desde el exterior han presionado para resolver la situación, y ahora es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la que ordena pasar a la jurisdicción civil estos casos. Unión Radio con el reporte.

Anuncio. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, informó que el jefe de Estado solicitó el traspaso de los casos llevados ante jurisdicciones militares para que sean presentados en la jurisdicción ordinaria.

Declaración. “Hemos recibido una comunicación del presidente Nicolás Maduro solicitando declinar los casos de la jurisdicción militar a la jurisdicción ordinaria. Nosotros daremos inmediatamente ejecución a la solicitud realizada por el presidente Maduro, instrumentándola a través de la comisión de la verdad de la ANC”, manifestó.

Justificación. Rodríguez no dio más detalles de cuáles serían los casos que, como determina la Constitución venezolana actual, serán procesados ahora por los tribunales ordinarios, pero sí aseveró que el uso de la justicia militar fue causado por la inactividad e inacción del Ministerio Público y agradeció la acción de los tribunales que “garantizaron el debido proceso”.

Reacción. El director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, calificó como “muy grave” la situación de los derechos humanos en el país y que la decisión del presidente, Nicolás Maduro, de transferir a la justicia ordinaria los casos de civiles que se encuentran a manos de tribunales militares, es un reconocimiento “a que se han venido violando esos derechos por motivos políticos”.

Declaración. “Esto (el cambio de los tribunales militares a civiles) no puede ser porque lo diga la Constituyente o lo pida el jefe de Estado, sino porque así lo ordenan la Constitución y os tratados internacionales suscritos por Venezuela y es una posición universal en relación al tema”, expresó Himiob.

Cifra. De acuerdo al conteo del Foro Penal, suman 655 civiles (desde abril hasta la fecha) que fueron presentados ante la justicia militar, de los cuales 404 están privados de libertad.

Ratificación. Durante la sesión de la ANC, se presentó el Poder Judicial, en la persona del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y puso a disposición de los constituyentistas los cargos de los magistrados, a lo que esta instancia respondió ratificando en sus cargos a los altos jueces.

Proposición. El presidente del TSJ propuso a la Asamblea Nacional Constituyente elevar a 50 años la pena máxima a delitos como homicidio, terrorismo, traición a la patria y robo; e incorporar la intolerancia y odio como faltas en el código penal. “Las penas de los delitos graves que más daño le hacen a la sociedad nos parece que no corresponde a la magnitud del daño causado (…) Se requiere que se revise el tope de 30 años previsto en nuestra Constitución”, dijo.

Consideración. “Las penas de los delitos graves que más daño le hacen a la sociedad nos parece que no corresponde a la magnitud del daño causado (…) Se requiere que se revise el tope de 30 años previsto en nuestra Constitución”, dijo.

Corrupción. Morenos además se refirió a la necesidad de revisar el castigo a los delitos de corrupción. “No podemos seguir permitiendo que los enemigos de la Patria se enriquezcan de manera desmedida y luego quieran legitimar sus capitales en otros países utilizando la bandera de la libertad como patente de corso”, resaltó.

Respuesta. El director del FVP, Gonzalo Himiob, explicó que una Asamblea Constituyente no puede aumentar las penas previstas para ningún delito en cuerpos legislativos, aún cuando se hubiese instalado de manera válida, “tiene como único objetivo la Enmienda o el cambio de la Constitución nacional”.

Aplicación. El abogado añadió que el artículo 24 mantiene el principio de la irretroactividad y, por ende, de ser aumentadas las penas, estas no podrían ser aplicadas a delitos cometidos anteriormente a la alteración de la ley.

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