La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó su “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”. El texto plantea serias limitaciones en el accionar de los medios de comunicación, al tiempo que establece penas de hasta 20 años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover “delitos de odio”. El Nacional con el reporte.

Mandado. La ley contra el odio fue aprobada por la ANC este 07 de noviembre, es un encargo personal del presidente, Nicolás Maduro, a la Constituyente para acabar con los supuestos mensajes “de odio” social, racial y político que según el oficialismo provocaron la ola de protestas contra el Gobierno que vivió el país entre abril y agosto de este año que dejó 120 muertos.

Declaración. La presidenta de la Constituyente, la excanciller Delcy Rodríguez, dijo que la aprobación de la ley es un homenaje a los que “perdieron la vida” víctimas “del odio y la intolerancia” durante las protestas contra el Gobierno.

Norma. La ley deroga cualquier otra disposición existente que la contradiga, y crea una “Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica” formada por 15 integrantes y con la que están obligados a cooperar todos los ciudadanos, instituciones y entidades de la República.

Integrantes. La comisión estará integradas por miembros de la Constituyente, varios ministros, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, así como el fiscal general Tarek Saab, representantes de organizaciones sociales y otros altos cargos del Estado.

Penas. La norma castigará con penas de hasta 20 años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover “delitos de odio”. “Quien públicamente (…) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (…) será sancionado con prisión de 10 a 20 años”, establece el artículo 20 de la citada ley.

Mordaza. El texto legal castiga con su clausura a aquellos medios que transmitan mensajes que incurran en los delitos contemplados en dicho texto. “El prestador de servicios de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza serán sancionados con la revocatoria de la concesión”.

Redes. El texto establece además multas para las personas jurídicas responsables de redes sociales y medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes “de odio”, así como sanciones de hasta el 4% de sus ingresos fiscales brutos a aquellos dueños de medios que se nieguen a publicar contenidos de promoción de la “tolerancia”.

Orden. Los citados medios, públicos o privados, deberán reservar a estos “mensajes que promuevan la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco” un mínimo de 30 minutos de su programación semanal.

Delitos. La ley -que reconoce también como delitos de odio aquellos que vayan dirigidos contra las minorías sexuales- pena el “agravante por motivos de odio e intolerancia” con una sanción equivalente al “límite máximo de la pena establecida para el hecho punible correspondiente”.

Agentes. El texto prevé asimismo penas de cárcel de entre 8 y 10 años para aquellos funcionarios policiales o militares que se abstengan o retarden su actuación contra los responsables de “delitos de odio”, y privaciones de libertad de esa misma duración para el personal sanitario que discrimine a la hora de ofrecer atención.

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