En medio de la incertidumbre de si Venezuela pagará los compromisos de deuda externa que le restan del año, cerca de un millardo de dólares, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE UU) advirtió a los  tenedores de bonos del país, que negociar con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro puede llevar a duras penas por estar incluidos en las sanciones norteamericanas.

En un reporte de El Nacional, se señala que Maduro pidió a los bonistas asistir a una reunión en Caracas para abordar el tema de la reestructuración de la deuda con el vicepresidente Tareck El Aissami, uno de los sancionados. La cita está pautada para el 13 de noviembre.

El Departamento del Tesoro indicó que los ciudadanos de su país deberán tener cautela en sus relaciones con el gobierno venezolano para asegurarse de que no se impliquen en transacciones o acuerdos tanto directa o indirectamente con una persona en la lista de afectados con restricciones financieras.

Según algunas fuentes, los acreedores mostraron su rechazo a la propuesta emitida por el gobierno porque temen que puedan resultar afectados por las autoridades estadounidenses. También consideraron que Caracas no es una opción por el problema de la inseguridad.

De acuerdo al gobierno de Donald Trump, los inversionistas que analizan reunirse con funcionarios venezolanos para discutir una reestructuración de la deuda, pueden viajar al país, pero no deben participar en ninguna transacción o trato con el vicepresidente El Aissami, ni con el ministro de Finanzas, Simón Zerpa, ya que ambos están incluidos en las sanciones.

Esto significa que los inversionistas no pueden acordar contrato alguno firmado por estos funcionarios, negociar con ellos, proporcionarles servicios o procesar cualquier transacción directa o indirectamente en su nombre.

A pesar de esta aclaratoria, las sanciones además prohíben a los acreedores comprar nuevas deudas si tienen un vencimiento superior a 30 o 60 días, dependiendo del emisor, por lo que no podrían participar en una reestructuración a menos que esté autorizada por el Tesoro.

Estas restricciones lican a todos los ciudadanos y residentes permanentes de los EEUU, independientemente de dónde se encuentren, todas las personas y entidades dentro de la nación norteamericana y todas las entidades incorporadas a ese país, así como sus sucursales en el extranjero. La pena para quien viole esta normativa puede incluir hasta 30 años en prisión y multas de hasta 10 millones de dólares.

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