Aunque lamentablemente no es una novedad que en Venezuela u otros países las autoridades detengan sindicalistas, resulta contradictorio e incoherente que eventos de este tipo se produzcan en la gestión de un gobierno que se autoproclama como presidido por un dirigente “obrero”.
Pero además, en la hoja de vida de Nicolás Maduro hay datos que chocan con la práctica gubernamental de negar derechos laborales: Maduro tuvo cierta relación con el ejercicio sindical. Sin embargo, hoy que es Presidente de la República, viola la libertad sindical, esencia del conjunto de derechos democráticos de la clase trabajadora.
Cuando Maduro laboró en la C.A. Metro de Caracas exigió elecciones democráticas al Sindicato SITRAMECA, lo que le valió el cercenamiento de su derecho a sindicalizarse. Además, la empresa pretendió despedirlo injustificadamente. Provea asumió en aquel entonces la defensa de Maduro para salvaguardar sus derechos a la libertad sindical y al trabajo.
Años después y por instrucciones de Chávez, Maduro participó en la organización de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores en el año 2000 y la Unión Nacional de Trabajadores en 2002.
A espaldas de estos antecedentes, Maduro guardó silencio durante los 5 años que duró el injusto y tortuoso juicio penal seguido a Rubén González, Secretario General de SINTRA FERROMINERA.
Maduro guardó silencio ante la tardía sentencia del Juzgado 24º de Juicio Penal de Caracas, que absolvió al sindicalista pues jamás hubo delito. En ese tiempo Maduro fue Vicepresidente de la República, Canciller y Presidente de la Asamblea Nacional.
Maduro tolera la actual la violación al debido proceso, en el juicio penal seguido por el Ministerio Público contra el trabajador de Ferrominera del Orinoco Rodney Álvarez, en el Tribunal 12º de Juicio de Caracas.
Álvarez es acusado del homicidio de Renny Rojas, muerto hace 3 años en una riña ocurrida en una asamblea de trabajadores. Fuentes ligadas al acusado señalan que el deceso es producto de un sicariato perpetrado por actores gubernamentales. La asamblea era de SINTRAFERROMINERA y estuvo liderada por Rubén González.
Desde el 17 de junio de 2011 está detenido Álvarez y ha sido recluido al menos en 3 centros penitenciarios del país. Hace un año está en El Rodeo II. Sus familiares denunciaron que se le ha aislado y que es víctima de malos tratos.
El gobierno de Maduro enjuicia ante el Tribunal 1º de Control Penal en Puerto Ordaz, a 3 trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Rederick Leiva, Heberto Bastardo y Leinys Quijada, fueron detenidos el 19 de septiembre de 2014, luego que culminó la huelga organizada por el Sindicato SUTISS exigiendo la firma de su convención colectiva. Se les acusa de asociación para delinquir, con testimonios anónimos de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Fueron detenidos luego que el Ministerio del Trabajo convocara públicamente al Presidente de SUTISS, José Luis Hernández, a convalidar un acta que acordó beneficios inferiores a los exigidos por el Sindicato y por los huelguistas. Los 3 detenidos forman parte del equipo de José Luis Hernández.
Todo esto implica graves violaciones del gobierno de Maduro al Convenio 87 de la OIT, ratificado por Venezuela desde 1982 y que ampara el ejercicio de la Libertad Sindical.
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