Fiscal General: “Ministerio Público es el brazo de la justicia y la legalidad como instrumento para garantizar la paz”

Fiscal General: “Ministerio Público es el brazo de la justicia y la legalidad como instrumento para garantizar la paz”
Vía AVN

La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, hizo una declaración a los medios y por Periscope, para pronunciarse sobre el balance de las actuaciones procesales del Ministerio Público en el marco de las protestas que iniciaron el 1° de abril tras las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia que pretendió asumir las competencias de la Asamblea Nacional y limitar la inmunidad parlamentaria, aunque esto fue revocado en nuevas sentencias.

Desde la sede de la Escuela Nacional de Fiscales, y tras el apagón de electricidad sufrido en varias zonas de Caracas y que afectaron la sede del Ministerio Público, así como el Hospital J.M. de los Ríos, la máxima autoridad penal del país brindó cifras así como opiniones sobre la situación de violencia en el país, señalando que el descontento social provenía de la crisis económica, la escasez y desabastecimiento de alimentos, que advirtió no se solucionaban con “detenciones ilegales” mientras subrayó que “no todos los detenidos son responsables” de los hechos por los que han sido arrestados.

Así mismo, exhotó a los actores políticos a evitar especulaciones sobre los móviles de las muertes por hechos de violencia, aseverando que solo los órganos de investigación pueden determinar las responsabilidades de esos hechos y abrió las puertas a los medios de comunicación para conocer los resultados de primera mano.

Informó que habrían hasta la fecha 55 personas fallecidas en el marco de las protestas, 52 civiles y 3 funcionarios de cuerpos de seguridad, así como 1000 heridas (771 civiles y 229 funcionarios) y 346 bienes inmuebles públicos afectados. Adelantó que se habían abierto 1.475 investigaciones porque se habían cometido 1.329 delitos contra personas y 150 daños a la propiedad.

Así mismo se han imputado 2.664 personas por delitos comunes varios, pero apenas 284 habían sido privados de libertad, mientras adelantó que ya hay 16 investigaciones abiertas sobre grupos civiles armados, criticando el accionar de éstos junto a cuerpos policiales y militares o con falta de acción de estos para evitar su accionar, que aseguró muchas veces buscaban escalar la situación de conflicto. Llamó al desarme de la población y ejemplificó la amenaza a punta de pistola contra liceístas que “protestaban” en Caracas por parte de irregulares. También indicó poseer información sobre funcionarios del orden público inmersos en saqueos.

Hizo un llamado a las autoridades a garantizar el derecho a la protesta pacífica. “Las manifestaciones deben ser pacíficas, eso es un derecho” pero matizó que este derecho se pierde cuando hay violencia. Así mismo fijó posición en contra del vandalismo y violencia política, así como a lo que llamó “búsqueda del exterminio del adversario” por estos medios, insistiendo en que “debe haber libertad para profesar cualquier tendencia política”. Dio ejemplo de denuncias de agresión contra quienes se han opuesto a barricadas, mientras añadió que mientras repudia los linchamientos consideró que el uso de “videos manipulados” tienen el fin de sembrar odio en la población.

También señaló que han abierto siete investigaciones por uso de justicia militar en casos que merecen justicia civil, y adelantó que presentarían un amparo a la Fiscal Militar para cesar estos procedimientos pero también para conocer el estado de salud y cumplimiento de los derechos humanos de los detenidos, como es deber del estado, bien sea privados de libertad en centros de reclusión preventiva o definitiva. Pidió revisar página 181 del libro sobre la Comisión por la justicia y la verdad sobre juicios sumariales.

Resaltó que a pesar que han imputado a 19 policías y militares imputados por homicidio, tratos crueles y otros delitos, aún hay 18 órdenes de aprehensión pendientes. Y hay otras 16 por delitos comunes. Al respecto, desmintió que la impunidad estuviera en la Fiscalía sino en el incumplimiento de los cuerpos policiales en cumplir estas peticiones. Una crítica que ya había hecho en su presentación en la Asamblea Nacional en 2015, y que es consistente en la obra jurídica y profesional del nuevo vicefiscal nacional.

Confirmó siete muertes en Barinas por recientes manifestaciones, pero condenó la quema de la casa materna de la familia Chávez y el daño a sedes de instituciones públicas, pero también criticó la “poca acción de parte de la policía del estado” ante estos hechos.

Finalizó puntualizando que “el Ministerio Público es el brazo de la justicia, la imparcialidad, la gobernabilidad y la legalidad” para la búsqueda de reconciliación del país que permitan “parar la violencia del país”. Pidió confiar en sus investigaciones porque “sólo diremos la verdad” tras añadir que los fiscales habían trabajado largas horas, separándose de sus familiares y horas de descanso en estas circunstancias.

Caso Pernalete

Precisó que en el caso del estudiante Juan Pablo Pernalete, que su muerte fue causada por un shock cardiopulmonar tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho por parte de un GNB. Esto tras las experticias hematológicas (sangre), histológicas (tejidos), trazas en la ropa, cinco testigos oculares, planimetría, pruebas químicas y autopsia.

Mostró una bomba lacrimógena en la rueda de prensa, calificándola como “pesada” y leyendo sobre el mismo que estaba prohibido que se disparara de forma directa. Advirtió que hacer esto era “letal”. Aseguró que ya tenía ubicado el grupo de donde se disparó, y pronto iban a individualizar al responsable. Añadió que los cuerpos de seguridad deben estar formados para actuar en acciones de orden público pero garantizando el derecho a la protesta pacífica. Esto desmintió la versión de la muerte por una pistola de perno que fue publicada en Últimas Noticias, y fue presentada por el ministro de Comunicación Ernesto Villegas, la canciller Delcy Rodríguez y el Ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol.

 

 

 

 

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