Víctimas de protestas: 88% son menores de 40 años y 73% murió por arma de fuego

Víctimas de protestas: 88% son menores de 40 años y 73% murió por arma de fuego
protestas en Venezuela

 

Casi dos meses de protestas y el saldo de víctimas escala cifras cada semana, en su mayoría hombres jóvenes, menores de 30 años. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha hecho mención de 58 fallecidos oficiales (desde el 6-abril hasta el 26-mayo) mientras que los medios de comunicación y las organizaciones civiles han reportado más, alrededor de 17 personas. En esta espiral también se incluyen los daños a la propiedad, bienes del Estado y comercios de privados.

Los datos de las víctimas son alarmantes. De todos los reportados por el Ministerio Público, un 88% son menores de 40 años, el 73% murió por arma de fuego (balas, perdigones o metras) y 92% son hombres.  En el caso de los fallecidos no oficiales, la historia no es muy distinta: 56% son menores de 40, al menos el 50% murió por arma de fuego y 75% fueron hombres. Los que más se exponen son hombres, de todos los registros de fallecidos solo hay 8 mujeres.

A continuación El Cambur hizo una cronología de las víctimas, donde incluyó las oficializadas por el Ministerio Público y las mencionadas por otros medios de comunicación (nacionales y regionales) así como otras organizaciones civiles. No se mencionan seis casos reseñados por diversas fuentes por considerarse hechos aislados y parte de las estadísticas de criminalidad del país (secuestro, robo y arrollamiento).

 

El Ministerio Público ha sido contundente en sus informes. La fiscal General, Luisa Ortega Díaz, señaló que “es imprescindible y urgente que los funcionarios de seguridad actúen acorde a las normativas”. Sus declaraciones no fueron bien vista por Maduro ni dirigentes del Gobierno, entre ellos el mismo ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien acusó a la Fiscalía de ser “corresponsable” en la generación de un “clima de inestabilidad”.

Resulta preocupante que, en las declaraciones de la fiscal, saliera el caso de Juan Pernalete por las posiciones encontradas entre el Ministerio Público y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. El primero demostró que el joven que murió el 26 de abril en Caracas fue por un impacto de bomba lacrimógena; el segundo mantiene diversas teorías en la que exculpa a la GNB.

 

La organización de derechos humanos Provea ha catalogado esta faena como una “rebelión popular” que no se ha apagado a pesar de las restricciones impuestas por el Gobierno que van desde prohibir las marchas a las instituciones del Estado ubicadas en el centro de Caracas hasta, la más reciente, desautorizar las protestas de calles en 8 jurisdicciones con el fin de controlar cualquier acción que obstaculice las vías públicas y atente contra los derechos al libre tránsito y la seguridad.

El sábado pasado, una multitudinaria marcha de oposición contabilizaba 50 días de manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro y donde los líderes de la Unidad afirmaban que se mantendrían en la calle. Por su parte, el Ejecutivo avanza en su agenda electoral para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue avalada rápidamente por el Consejo Nacional Electoral, aunque no de manera unánime y mantiene alerta a toda la dirigencia política, adversaria y hasta seguidores de la tolda roja. Las elecciones regionales, con 6 meses de retraso, se postergarán otros 6 meses más; sin mención quedaron las elecciones municipales.

A pesar del desgaste que implica la protesta en la calle, no parece detenerse: ni en los manifestantes ni en los organismos de seguridad. Desde la aplicación del Plan Zamora se ha incrementado la agresividad en el control de las protestas. Cada vez hay más efectivos de seguridad involucrados en investigaciones por fallecimientos y abusos durante las jornadas de calle, con evidencia de que rompen el protocolo en el uso de armas, aún cuando las autoridades lo niegue. También, hay más civiles armados y que hacen uso de cualquier instrumento para el ataque-defensa.

 

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