En 7 claves: informe sobre las OLP de Provea y Human Rights Watch

En 7 claves: informe sobre las OLP de Provea  y Human Rights Watch

1) El informe pretende evaluar .“señalamientos sobre si miembros de las fuerzas de seguridad actuaron observando la ley y respetaron los derechos humanos durante estos operativos”.

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2) 245 personas murieron en el marco de ejecución de la OLP en 2015, en casos en los que “intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”, según el Ministerio Público. Provea y Human Rights Watch consideran significativa la disparidad entre fallecidos o heridos de los cuerpos de seguridad de lo que funcionarios públicos llaman “enfrentamientos”.

3) El informe de las organizaciones de derechos humanos se basa en entrevistas directas a testigos y familiares de 20 casos. El texto dice: “las evidencias que obtuvimos —que incluyen relatos de testigos y familiares— sugieren que las personas que murieron por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad no representaban una amenaza. En varios de estos casos, los agentes habrían provocado la muerte de personas que estaban bajo su custodia, y en al menos un caso la víctima estaba acostada en su propia cama”.

4) Detenciones arbitrarias. El informe recuerda que según fuentes oficiales entre julio de 2015 y enero de 2016 se detuvieron a 14 mil personas, para “verificar” si eran buscadas por algún delito.Pero menos de 100 de ellas fueron  imputadas por algún delito. El reporte incluye testimonios  en los que se denuncia “los agentes sometieron a los detenidos a abusos físicos, incluidas golpizas, según señalaron testigos. Algunos agentes también habrían robado dinero, computadoras portátiles, teléfonos celulares y artículos de primera necesidad, como alimentos y pañales, de las viviendas, mientras realizaban los allanamientos o detenían a sus residentes”.

5) Desalojos forzosos y destrucción de viviendas. Las organizaciones de derechos humanos “obtuvieron evidencias que indican que agentes gubernamentales desalojaron arbitrariamente a miles de personas y destruyeron cientos de viviendas durante redadas en el marco de la OLP”.

El informe también dice:En dos redadas de la OLP, cientos de viviendas habrían sido destruidas con topadoras por las fuerzas de seguridad. Varios residentes aseveraron que tenían derecho a ocupar las viviendas de las cuales fueron desalojados, pero que no se les ofreció la oportunidad de presentar esta información a las autoridades competentes antes de los desalojos, ni de acceder a recursos adecuados después de que ocurrieron”.

6) Deportaciones arbitrarias.  Más de 1.700 ciudadanos colombianos han sido deportados desde entonces, y al menos 22.000 más se han ido de Venezuela por temor a posibles abusos o deportaciones, según indica la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas”. 

“Ninguno de los más de 700 colombianos entrevistados por la Defensoría del Pueblo de Colombia después de haber sido deportados de Venezuela manifestó que hubiera tenido una audiencia para poder cuestionar su expulsión”.

“Además de deportaciones arbitrarias, muchos colombianos expulsados de Venezuela denunciaron que sufrieron abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas”.

7) Recomendaciones. Como es usual en las organizaciones de derechos humanos también realizaron una serie de recomendaciones al estado venezolano.

  • “El gobierno de Venezuela debería asegurar que todos los operativos de seguridad ciudadana se realicen cumpliendo con sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos, así como con el derecho venezolano”.
  • “El gobierno debería garantizar que se realice una investigación exhaustiva e independiente de todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y maltrato de personas detenidas, y que los responsables rindan cuentas por su actuación”.
  • “Las autoridades deberían asegurar, además, que las detenciones que se realicen en el transcurso de operativos de seguridad ciudadana no sean arbitrarias, como, según se ha afirmado, habrían sido varias de las detenciones durante las redadas investigadas por PROVEA y Human Rights Watch”.
  • “En casos en los cuales exista un fundamento legal para realizar desalojos, el gobierno debería garantizar que las personas afectadas sean notificadas previamente, tengan la posibilidad de oponerse a los desalojos a través de los procedimientos legales previstos y, cuando corresponda, reciban una indemnización.”
  • “El gobierno debería garantizar que las deportaciones no sean arbitrarias y que ningún solicitante de asilo o refugiado sea enviado de regreso a situaciones en las cuales se enfrente a persecución y abusos. El Ministerio Público debería mostrar transparencia absoluta con respecto al estado y los avances de las investigaciones en curso sobre presuntos abusos vinculados con la OLP”.

“En última instancia, un sistema judicial fuerte e independiente es esencial para asegurar que se rindan cuentas por la clase de abusos denunciados en este informe, que estos sean reparados y que se prevengan en el futuro”, concluye el informe.

No dejes de leer el informe completo El informe de 43 páginas, Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela.

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Rodolfo A. Rico

Editor en jefe de El Cambur.A mi lo que me gusta es echar el cuento. Yo escribo.Como periodista, creativo, en negro, publicista y lo que haga falta. Soy autor del libro: "Cómo acabar con los libros de autoayuda".
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