El pueblo de Ortiz se está quedando deshabitado. Los jóvenes huyen por su vida, mientras los restantes desfallecen entre las llamas de la fiebre. Carmen Rosa ha enterrado a su amado, otra víctima de la malaria. En la novela “Casas Muertas”, Miguel Otero Silva refleja un pueblo diezmado por la emigración y el paludismo, sometido además por la bota del general Juan Vicente Gómez. Una historia que revive en el nada literario Boletín Epidemiológico No. 44 de 2014 del Ministerio del Poder Popular de la Salud. Para noviembre de ese año, el 81% de los 73 mil 572 casos de malaria del país están concentrados en el estado Bolívar, 60% en su municipio Sifontes y 47% solo en la parroquia San Isidro. En 2013, la epidemia se contabilizaba en 65 mil 667 casos positivos. Para la Red Defendamos la Epidemiología, son casi 90 mil casos al cerrar el año con una dolencia extra: la falta de información pública.
Para atajar el brote endémico se han presentado programas como “Plan Caura” y “Mina Adentro” para realizar saneamiento ambiental, reducir la minería ilegal y hacer jornadas de atención integral (la más reciente con presencia de la Ministra de Salud en el Fuerte Militar Luepa) que se señalan como insuficientes e inadecuadas. “Atienden realmente zonas rurales y muy lejanas, pero de forma muy corta, eso no funciona”, dice Dimas Reina, habitante del municipio. “Recuerdo que cuando era niño perseguíamos al carrito de fumigación que pasaba por las calles de mi casa, pasaba una vez a la semana”. Reina denuncia que el descontrol sobre las aguas negras multiplican los focos de infección con agua estancada y putrefecta.
El 97% de los casos de los últimos años se concentra en la llamada “zona naranja”: Las Claritas, Tumeremo y El Dorado, todas en el municipio Sifontes. El nombre informal se debe al color del barro que todo lo cubre. Las paredes, las calles y las botas de los cientos de miles de mineros ilegales que someten a la tierra a la presión del agua para obtener oro. Ese color también mancha los pisos del Hospital “José Gregorio Hernández”, que se levantó hace menos de una década en la población de El Dorado, para atender la epidemia. Ante el diagnóstico positivo, reciben antimaláricos de forma gratuita enviados desde Caracas, y recomendaciones que raramente cumplen: evitar relaciones sexuales, alcohol y cercanía con focos de infección.
Cuando el gobierno nacional eliminó las concesiones de oro a empresas extranjeras, nacionalizando la industria, todos los yacimientos auríferos pasaron a control de la Guardia Nacional Bolivariana, y allí se multiplicaron los informales. Perseguidos por militares y chantajeados por mafias, se han regado por el denso ecosistema del sur de Venezuela, desde Amazonas a Bolívar, e incluso el Parque Nacional Canaima, impulsados por el diferencial de contrabandear gasolina y minerales. Talan árboles, instalan una bomba de achique y algunos ranchos. Tienen mercurio para separar lo que brilla de lo que realmente vale: cada onza de oro cotiza en 1.200 dólares en el mercado internacional y se encuentra de forma superficial. Bolsas negras de plástico se convierten en paredes, ventanas y techos para hamacas cubiertas de mosquiteros.
Las cárceles de Vista Hermosa y El Dorado son señaladas de alojar a jefes de las mafias que cobran vacunas, exigen porcentajes y sobornan militares que permiten el contrabando hacia Colombia y Guyana de oro, combustible, drogas y hasta según : coltán, el oro azul que hace posible misiles, Iphones y sistemas GPS, cuyo costo supera con creces al del oro al no poder cotizarse libremente en las bolsas del mundo y tener una demanda altísima de empresas como Nokia, Apple o IBM.
Charcos de Plasmodium
La malaria es una enfermedad endémica en Venezuela producida por el parasito Plasmodium y transmitida por la picada de una hembra infectada de mosquito Anopheles. Estos insectos llevan a cabo una fase de su ciclo de vida pre-adulta en ambientes acuáticos naturales tales como charcas, lagunas someras, humedales y márgenes de ríos, pues la corriente es perjudicial para las larvas y pupas, detalla la profesora María Eugenia Grillet de la Universidad Central de Venezuela, investigadora en Ecología de Infecciones por Insectos Vectores y Entomología Médica. La estacionalidad de la malaria durante las lluvias ha sido sustituida por la perenne presencia de charcas y pozas, producto de socavar los suelos con chorros de agua en búsqueda del oro superficial y cuyo estancamiento favorece al parásito.
“La tasa de prevalencia anual de la enfermedad, entre 1936 y 1945, estaba entre 200 a 500 casos por cada cien mil habitantes. Con la campaña antimalárica del Dr. Arnoldo Gabaldón, esta tasa se mantuvo por debajo de 100, a partir de 1948. De 1970 en adelante, comienzan a elevarse las cifras (200 casos por cada cien mil habitantes) y la malaria se hace endemo-epidémica en el estado Bolívar. Entre 1988-1991 suben los casos con un promedio anual mayor de 26 mil casos con 23 muertes reportadas. En el decenio 1993-2002, con el llamado Convenio Antimalárico (Gobernación del Estado Bolívar, la Corporación Venezolana de Guayana y el entonces Ministerio de Sanidad y Asistencia Social), se logró disminuir la casuística a unos 7 mil casos al año. Cuando cesó este Convenio, se ha podido observar una elevación sostenida de los casos, hasta los actuales momentos”, explica la bioanalista Ana Gisela Pérez Rodríguez, especialista en Epidemiología de Enfermedades Metaxénicas y Saneamiento Ambiental, y docente investigadora en el Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”, ubicado en Maracay.
Pérez Rodríguez caracteriza el problema como “socio-eco-epidemiológico”. que no se restringe al tema médico-científico sino que aborda hábitos culturales e intercambios sociales que favorecen el crecimiento de la enfermedad.
Venezuela infectada
“Somos importadores de malaria”, dice Luis Rengel, estudiante de Medicina de la Universidad de Oriente, núcleo Bolivar. “, pero al no cuidarse, no tomarse completo el tratamiento y volver a su vida desordenada, el parásito no sale del hígado”, señala.
En el Boletín Epidemiológico No. 44 del 2013, y denunciado por la Red Defendamos la Epidemiología Nacional (RDEN), al menos 4.500 mineros habrían llevado la enfermedad a sus estados de origen: Amazonas, Portuguesa, Táchira, Delta Amacuro, Miranda, Sucre y Guárico. El exministro de Salud durante el gobierno de Rafael Caldera, José Félix Oletta, al frente de la Red, ha llamado a la acción desde el año 2010, apuntando que Venezuela es el único país panamericano que ha retrocedido en el control de la enfermedad.
La llegada de mineros de oficio de todo el país ha ayudado a difundir la enfermedad por el territorio nacional. “También algunas amas de casa pobres, sin empleo, van para allá a cocinar, a vender comida”, cuenta Rengel. Pero también abundan los prostíbulos y la explotación infantil, lo que también ha disparado las infecciones de VIH y hepatitis, coincide la profesora Grillet. “Es un problema social, ambiental y de soberanía”, reflexiona.
En 2014, 19 personas dieron positivo para malaria en Higuerote, estado Miranda. Ninguno era minero. “Se dio el ciclo completo del parásito (hospedador-vector-hospedador). Pudo haberse iniciado con alguien de Bolívar infectado que a su vez lo picó un mosquito capaz de transmitir (en este caso Anopheles aquasalis presente en la zona y vector de malaria en el nororiente del país) y se inició la transmisión. Esto no ocurría en más de 40 años en esta zona”, alerta la experta.
Kilómetro 88
Las Claritas. Foto canal Youtube Dietmar Lang.
En Las Claritas, con algo de miedo se señala a Yeferson de Jesús López Sifontes, alias El Chingo. Proveniente de El Callao y con apenas 20 años, sería el principal traficante de oro y coltán en la zona, varias veces detenido por las autoridades, a quienes su abogado defensor acusa de realizar las mismas prácticas que las bandas criminales, robando oro, destruyendo campamentos y secuestrando. Es sospechoso de comandar una mafia que extorsiona por igual a garimpeiros brasileros, usa a indígenas piaroas para movilizar cargamentos y soborna a la Guardia Nacional. En zonas como Alto Paragua, al ecocidio se le ha sumado el etnocidio por el control de las minas.
“El Chingo” -detenido desde septiembre de 2014- suplanta a Yorman Pedro Márquez Rodríguez, alias “El Gordo Bayón”, quien fue ultimado a tiros a una salida del Palacio de Miraflores, donde acudió a una reunión en junio de 2014 con el Ejecutivo nacional por su relación con los sindicatos de Sidor. Las bandas criminales encargadas de los cobros ilegales usan nombres alegóricos como “empresa organizada” o fachadas de sindicatos.
A los enfrentamientos entre militares y contrabandistas se uniría la guerrilla, que en Colombia también está relacionada con la explotación ilegal del coltán. El pasado 30 de Octubre de 2014, la ONG de Derechos Humanos PROVEA levantó una denuncia de 13 comunidades indígenas del estado Bolívar por la presencia de presuntos de guerrilleros colombianos, con anuencia de jefes del Ejército venezolano. Cuatro personas señaladas de pertenecer a las FARC habrían sido interrogadas por aborígenes y habrían sido recogidos por una avioneta para ir a Ciudad Bolívar. Aseguraron que estaban en la zona buscando a otros paramilitares y mineros como ellos, asegura el informe levantado e introducido en la Defensoría del Pueblo.
Ubicado como el décimo país que más deforesta en el mundo, en Sifontes se ha creado la tormenta perfecta para que 80% de los habitantes hayan sufrido el paludismo –en un pueblo de apenas 40 mil habitantes-, se ve atizado por la ambición de mineros improvisados, que deben ceder parte de su botín a mafias cada vez más complejas, que enfrentan a fuerzas armadas con irregulares y bandas organizadas. La cercanía con la frontera y el uso del mercurio que arrasa con los depredadores naturales del mosquito y las defensas inmunológicas de los humanos, crea una especie de frontera infernal donde la prostitución, la malaria y el contrabando se reproducen con tanta facilidad como el Plasmodium en las miles de charcas, donde antes hubo densa selva venezolana.
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