Ministerio Público 2016: Más homicidios y menos acusaciones por delitos ambientales (+gráficos)

Ministerio Público 2016: Más homicidios y menos acusaciones por delitos ambientales (+gráficos)

El informe del Ministerio Público de 2016 presentado por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz el pasado 31 de marzo de 2017, está cargado de revelaciones, tales como la elevada cifra de homicidios: 21.752, lo que implica un aumento del 22,35% en comparación con los 17.778 admitidos por esta oficina para el año previo.

Dicha estadística, desde el inicio de su gestión como fiscal en 2007, estuvo en la sombra, oculta a plena vista dentro de los números de “delitos comunes”, categoría en la que el ente judicial contabiliza los homicidios, los robos, los hurtos, las lesiones personales, la instigación pública y todo un afín de delitos contra las personas, los vehículos y la propiedad.

Aunque el informe de 2015 de la Fiscalía señalaba el número de homicidios y la tasa nacional, el de 2016 ha sido el primero en reportar, además, la tasa por entidades.  Y las cifras son malas: entre un reporte y otro hubo un incremento de 3.974 homicidios en todo el país y la ubicación de la tasa nacional en 70,11 homicidios por cada 100 mil habitantes. Las tasas más altas están en Miranda, Distrito Capital, Amazonas y Aragua, mientras las más bajas en Lara, Apure, Nueva Esparta y Mérida.


Sin embargo, aunque el número de asesinatos aumentó, no fue así con el número de acusaciones por ese delito.  Aquí cabe señalar que desde 2007, los informes del Ministerio Público suministran dos indicadores principales para el control criminal: el número de imputaciones, que son las notificaciones a los presuntos implicados de una investigación en su contra, y el número de acusaciones, que son las solicitudes que efectivamente pasan a juicio.

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Según esto, en 2016 fueron imputadas 13.334 personas y de las mismas sólo fueron acusadas 5.796 por homicidio. Esto es, 325 acusaciones menos con respecto al año 2015 a pesar de que cometieron más asesinatos. Esto a pesar que se imputaron casi la misma cantidad de personas que en 2015, lo que implica que mucho menos fueron llevadas a etapas más avanzadas del juicio.


Además de estos indicadores, también resalta la temática ambiental en el informe de la Fiscalía.  En 2016, fueron acusadas 1.094 personas por delitos ambientales, mientras que en 2015, el número fue de 1.167.  Esto representa una merma de 73 en el número de acusaciones por delito ambiental. Mucho peor ha sido la caída de las imputaciones: 2.669 menos (-33%) a pesar de que el mismo documento ha sido el primero en referirse directamente al problema de la minería ilegal y los sucesos de Tumeremo, asociados con la acción de grupos criminales y la extracción de oro.


Estas cifras confirman el histórico octavo lugar de prioridad que tienen los delitos ambientales en el conteo de la fiscalía, a pesar que desde febrero de 2016 el gobierno promueve un proyecto de gran envergadura llamado “Arco Minero Orinoco”, con el que pretende recuperar las reservas internacionales y regularizar el sector minero afectado por la criminalidad.

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El informe de 2016 presentado por la Fiscal Ortega Díaz ha sido el primero en señalar claramente las imputaciones, acusaciones y condenas para ese año, cosa que no había ocurrido con estos reportes desde el inicio de su gestión en 2007. Para esos años, las cifras de imputaciones no podían contrastarse con el número de acusaciones porque no existían para cada año, además que no se reportaba el número de sentencias según la categoría de acción fiscal. En el informe de 2015 por ejemplo, el MP informó que el número total de condenas fue de 27.127, sin señalar la categoría del delito aunque tuvo más de 115 mil actuaciones judiciales. Para el 2016 estas se redujeron a poco más de 100 mil a pesar del aumento de los Delitos Comunes.

Sin embargo, el informe de 2016, muestra consistencia con todos los reportes desde 2010, en cuanto a que los cinco delitos de mayor imputación son: delitos comunes (que incluyen homicidios, robos y hurtos), los delitos contra la protección de la familia, los relacionados con drogas, los delitos de género o en contra de la mujer y las causas de legitimación de capitales. Los delitos ambientales se ubican en el octavo lugar, detrás de las imputaciones por corrupción, que se redujeron entre 2015 a 2016 de 3.565 a 3.165.

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