En las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 163° periodo de sesiones, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) capítulo Venezuela presenta un balance sobre la persecución y criminalización a la labor periodística durante la cobertura del conflicto sociopolítico. En el mismo señala que los compromisos y advertencias internacionales que se han dirigido desde la ONU y la OEA al Estado venezolano no han sido asumidos.

El informe que presentaron este 6 de julio señala que existen libertades restringidas que se han mantenido entre marzo y junio de 2017, además, se impone un régimen de desinformación, violencia y miedo que atentan contra la libertad de expresión y de opinión en el contexto de protestas.

Algunos aspectos que señala son:

1) El Estado venezolano ha aupado las restricciones de libertades migratorias y de seguridad, que ponen en riesgo a los periodistas. Con decretos de excepción, medidas de censura y ciberagresiones perpetradas por anónimos se ha obstruido la libertad de expresión en internet. Las órdenes de censura, el cierre y la reducción de espacios informativos y de opinión en los medios radioeléctricos han sido frecuentes y marcan una herida profunda en la línea histórica de la libertad de expresión en Venezuela.

2) El gobierno ha ignorado las 22 recomendaciones que le hicieron diversos países ante la ONU (en el marco del Examen Periódico Unversal EPU, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en materia de protección, seguridad, acceso a la información y libertad en la red.

3) Las 329 violaciones ocurridas entre el 28 de marzo y el 22 de junio de 2016 evidencian que el Estado venezolano ha ignorado las insistentes recomendaciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destinadas a salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos y los periodistas en Venezuela, especialmente en el contexto de manifestaciones públicas.

4) El Gobierno ha preferido tomar una actitud de omisión y permitir los robos, confiscaciones y daños de herramientas de trabajo de los periodistas y sedes de medios de comunicación por grupos armados y manifestantes violentos. 

5) Han sido 69 periodistas mujeres afectadas en su derecho a la libertad de expresión durante la cobertura de manifestaciones. Otras 211 víctimas han sido hombres.

6) A 86 días de protestas -del 28 de abril al 22 de junio- IPYS Venezuela registró 199 casos de violaciones a la libertad de expresión, que concentran 539 violaciones, más de la mitad por agresiones físicas y ataques. El número de casos en este período supera en 368 por ciento al número registrado en contexto de manifestaciones durante 2016, cuando se contabilizaron 54 casos en protestas ciudadanas. A su vez, constituyen 242 por ciento más de los casos registrados en el primer trimestre de 2017, cuando ocurrieron 82 alertas a la libertad de expresión en Venezuela. En 86 días de conflicto han sucedido 5 casos menos de los registrados durante todo el año 2012, que cerró con 196 casos, que representaron 287 violaciones a la libertad de expresión.

7) Ipys Venezuela advierte sobre la existencia de un patrón de agresión que tiene como propósito silenciar lo que ocurre en el país e impedir que los medios de comunicación registren las violaciones de derechos humanos y otras irregularidades, sobre todo aquellas que se generan en el contexto de las protestas ciudadanas, la mayoría reprimidas y frustradas por la acción de los cuerpos de seguridad.

 

 

8) En 86 días de conflicto IPYS Venezuela registró 108 agresiones contra trabajadores de la prensa, 40 por impactos de bombas lacrimógenas y 11 por el disparo de perdigones, 50 hechos de intimidación, 30 robos y 22 ataques a las herramientas de trabajo. Los periodistas casi a diario denuncian ser blanco de algún exceso policial. La represión desmedida impulsó el 18 de mayo a la Fiscalía 80 nacional a solicitar medidas de protección para periodistas que cubren las manifestaciones. En el mes de abril se registraron 85 agresiones. Mayo cerró con 80 alertas y hasta el 22 de junio denunciaron 26 agresiones contra reporteros.

9) La polarización política y los constantes ataques a los medios de comunicación han alcanzado a los equipos de prensa de la cadena pública de noticias Telesur.

10) El 7 de abril los portales de las televisoras digitales que cubrían en vivo las protestas VPI TV, Vivo Play y Capitolio TV fueron censurados en Venezuela por parte de cinco proveedores de Internet, estatales y privados. El contenido de Capitolio TV, canal del parlamento venezolano, fue declarado “ilegal” por el proveedor privado Movistar. Se ha comprobado que 43 sitios web permanecen bloqueados desde el 2016.

11) De enero a marzo de 2017, se registraron 10 ciberagresiones, de las cuales seis fueron ataques de Denegación de Servicio (DDoS), que consiste en una saturación de visitas automatizadas a los portales hasta lograr que colapsen.

12) Durante los 86 días de protestas la Comisión Nacional de Telecomunicaciones cerró 23 medios radioeléctricos y una televisora en cuatro estados del país. La actuación de los funcionarios fiscalizadores ocurrió sin transparencia ni respeto al debido proceso. A lo largo del 2017 Conatel ha cerrado un total de 41 emisoras comerciales y comunitarias y una televisora pública. Las sanciones administrativas han afectado el derecho a saber y estar informados de los habitantes de siete estados del país: Falcón (11), Monagas (9), Yaracuy (7), Barinas (6), Cojedes (6), Nueva Esparta (2), Mérida (1).

Para leer el reporte completo y descargarlo consulte la página de IPYS Venezuela

 

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