Distorsiones económicas se acentúan con la falta de cifras oficiales

Distorsiones económicas se acentúan con la falta de cifras oficiales

Venezuela es hoy por hoy un país sin estadísticas oficiales. Aunque una visita a cualquier mercado desnuda el avance acelerado de los precios y la ausencia de productos básicos o no esenciales en los anaqueles, la realidad es que los organismos encargados de generar y suministrar las cifras de cómo marcha la economía, mantienen oculta la información que recolectan.

Los economistas Francisco Ibarra, director de Econométrica,  y Luis Oliveros, coincidieron en señalar que la razón por la que el BCV mantiene cerrado el acceso a la información, es para tratar de ocultar la severa crisis económica que atraviesa la nación.

“Es fácil explicar por qué el Ejecutivo tiene esa escondedera de cifras, es que la situación económica es tan mala, es tan delicada, que aún un Gobierno que es experto en hacer propaganda, mantiene ocultas todas las estadísticas”, acusó Oliveros.

El especialista resume que mientras hasta septiembre -último dato del PIB- el país ya estaba en recesión y en diciembre la inflación superó 68%, a la fecha los pronósticos refieren que todos los indicadores se han deteriorado. Y es que los analistas esperan que la contracción de la economía oscile entre 6% y 7% a final de año, la inflación se sitúe en 150% y la escasez esté en sus máximos históricos.

Ibarra añade que el Gobierno cree que al no publicar las estadísticas oculta la crisis, pero aclara que la realidad es que los ciudadanos todos los días padecen los efectos de una maltrecha economía, por ejemplo haciendo colas por la escasez o viendo mermado su poder de compra, mientras los agentes económicos tienes que hacer malabarismos o pagar por información para planificar sus actividades.

Ambos cuestionan que el directorio del BCV atendiendo un modelo ideológico, se haya embarcado en un proceso de destrucción de la credibilidad del organismo, pues la incertidumbre por el desconocimiento del desempeño económico deja a los actores económicos sin información fiable para diseñar su planificación estratégica, y también aleja al país de las condiciones que blindan contra la corrupción: la rendición de cuentas y la publicación de estadísticas.

Oliveros explica que la desinformación es la base de la distorsión de las expectativas, pues cuando esto ocurre, una empresa, un analista o un ciudadano se ven imposibilitados de empresa, un analista o un ciudadano se ven imposibilitados de planificar atendiendo a cifras oficiales, generando desequilibrios que afectan los precios, la producción y las negociaciones.

El director de Econométrica lo ilustra diciendo que el retraso en la entrega del índice de inflación violenta la posibilidad de que se firmen contratos de alquiler o laborales acordes al real avance de los precios, así como que las empresas revisen los salarios atendiendo al mercado y no a cálculos propios o contratados que pueden dejar en desventaja al empleado o al patrono.

Advierte que el INPC es vital para fijar precios de bienes y servicios, por lo que su ausencia somete a la economía a una distorsión de importes de venta, que actualmente en el país está exacerbada por los desequilibrios que generan tanto el control de cambio (tres tasas oficiales), como el de precios.

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Al sopesar el efecto de que no se cuente con estadísticas como el PIB o los índices de precios al mayor y al menor, Ibarra advierte que con esos insumos, los agentes económicos realizan planificación financiera (cálculos sobre inversión, importaciones, expansión del mercado), pero actualmente todas esas estimaciones no responden a “datos duros” u oficiales, inyectando más distorsiones a la economía o frenando la producción.

En el ámbito internacional, Oliveros señala que el BCV le hace un gran daño a la nación, al aumentar la desconfianza en la gestión de Gobierno y estimulando la subida del riesgo país, “porque un Ejecutivo que no reporta las estadísticas, en el exterior es visto como que oculta información”.

En ese sentido, explica que Venezuela enfrenta dos serios problemas: tanto que se dude de su capacidad de honrar los compromisos en divisas (pago de deuda externa), así como el cierre de los mercados ante una eventual emisión de nueva deuda.

“Sin publicar estadísticas y el precio del petróleo cayendo, al gobierno le sería muy difícil emitir deuda, ya que ante la errada política económica, los mercados han venido contrayéndose, y ahora sin cifras, obtener financiamiento externo para cubrir sus gastos sería muy difícil y costoso, al disparar la tasa de interés que tendría que pagar el país por cualquier endeudamiento”, explicó Oliveros.

Añade que además con la crecida del riesgo soberano, la probabilidad de que el Gobierno cumpla o no sus compromisos financieros se ha convertido en un punto de debate en el país y en el exterior.

De acuerdo a diversas calificadoras, Venezuela es actualmente la nación con mayor riesgo de la región. El Centro de Estudios Latinoamericanos señala que Chile y Perú tienen los niveles más bajos, 153 y 175 puntos, respectivamente, mientras el país acumula 2.090 puntos, y su más cercano seguidor es Ecuador con 628.

A su vez, el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (Embi) de JP Morgan, que mide la diferencia entre el interés que deberían pagar los bonos de un país emergente frente a los de Estados Unidos, que son considerados de cero riesgo, indica que Perú con 211 puntos, México (218) y Panamá (233) son los países a los que el mercado les cobra menores tasas por los bonos de deuda, y son los que menos posibilidades tienen de no cumplir el pago de su deuda externa.

Caso contrario, JP Morgan coloca a Venezuela como una de las regiones con mayor riesgo soberano en el mundo al ostentar 3.104. El país latinoamericano que le sigue es Ecuador con 842 puntos.

billetes bolívares

Sin publicación

El artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela refiere que “el Banco Central de Venezuela (BCV) rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten”, pero desde hace más de dos años el organismo marcha a contracorriente de la Ley y las mejores prácticas de difusión de información pública, al aplicar una suerte de apagón estadístico que afecta al país.

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Mientras las autoridades del BCV se han mantenido sin dar explicaciones sobre el incumplimiento de la norma, técnicos del instituto emisor se han pronunciado señalando que el presidente del organismo, Nelson Merentes, lidera a los responsables en el retraso de la publicación de las cifras. Los comunicados se han divulgado en dos oportunidades, octubre 2014 y abril 2015.

Estos especialistas de las unidades de recopilación, procesamiento, divulgación, análisis, áreas de estudio y operaciones nacionales e internacionales, señalaron el mes pasado que si bien “el cálculo de los indicadores es su responsabilidad, no lo es la publicación de los mismos, la cual corresponde al directorio del instituto. Por tanto, cualquier atraso en la divulgación de esas cifras es imputable exclusivamente al presidente del BCV y a sus directores”.

En contrapartida, la única postural oficial sobre la materia vino de la mano del Ejecutivo, que mediante la Ley Habilitante, aprobó en diciembre pasado, una reforma de la Ley del ente emisor –Gaceta Extraordinaria 6.155-, que introdujo variantes en las consideraciones sobre la entrega de información.

El artículo 31 refiere que el BCV debe dar a conocer “de manera oportuna y confiable” las decisiones del Directorio, informes, investigaciones y las estadísticas, pero le fue agregada una coletilla que reza que la difusión se hará “de acuerdo a las prácticas aceptadas por la banca central”, cuando anteriormente no existía esta limitación. El organismo justificó el cambio, indicando que reconoce la “competencia técnica discrecional que se vincula con las prácticas y estándares a nivel de la banca central”.

Recientemente una de las autoridades del BCV, José Khan, al ser consultado sobre el retraso o la falta de estadísticas, evadió pronunciarse indicando que la situación debía ser respondida por un director del banco.

Bajo la alfombra                                                                              

El ocultamiento de las estadísticas básicas sobre el desempeño de la economía nacional comenzó durante la breve presidencia de Eudomar Tovar en el BCV -agosto 2013 y enero 2014. El funcionario omitió la presentación de la inflación de noviembre y diciembre de 2013, así como el tradicional mensaje de fin de año del ente emisor -donde se ventilan los indicadores adelantados de la actividad económica- para dar paso un período de bloqueo informativo que hoy se ha exacerbado.

En aquel momento, se debió esperar el nombramiento de Nelson Merentes – finales de enero 2014- para que el país conociera la inflación de los últimos dos meses de 2013. Sin embargo, aunque los analistas le dieron el derecho a la duda al nuevo presidente del BCV, y esperaron que regularizara la entrega de las cifras, el alto funcionario profundizó el blackout estadístico, pues no solo no difunde indicadores vitales para los agentes económicos y la ciudadanía, sino que entrega con fuertes demoras las cifras aún disponibles.

Al inventariar la falta de números, destaca que Venezuela es el único país con tradición de publicación de estadísticas que suma año y medio retrasando los resultados de la inflación, al punto que el país suma cuatro meses sin conocer el indicador. El último informe data de febrero de este año y refiere que el Índice Nacional de Precios al Consumidor al cierre de 2014 terminó con un avance 68,5%.

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En paralelo, el BCV no divulga el marcador de escasez desde hace 15 meses, mantiene oculto los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) desde septiembre de 2014 y han pasado 28 meses desde el último informe de la balanza de pagos. También hace 16 meses que no publica los precios al mayor y los del sector construcción. La falta del índice de remuneraciones y de los precios de manufactura y del sector comercial data de diciembre de 2013.

Además el ente emisor acumula más de dos años sin emitir el boletín mensual que contiene los datos sobre la gestión del Gobierno, así como 28 meses sin difundir las cuentas consolidadas de la nación.

 

Francisco Ibarra. Foto: Vía Twitter
Francisco Ibarra, director de Econométrica. Foto: Vía Twitter

 

Pesimismo

Debido al largo período que ya acumula el BCV sin presentar estadísticas básicas, los analistas no se muestran optimistas en la corrección de esta irregularidad, incluso descartan que la realización de las elecciones legislativas previstas para el último trimestre del año mejoren el acceso a la información, principalmente porque el ente emisor no podrá reportar números positivos o que favorezcan al gobierno.

Durante este año diversas calificadoras de riesgo y las bancas de inversión han tocado la puerta del Banco Central y de algunos organismos encargados de reportar indicadores, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el ministerio de Finanzas y el Centro de Comercio Exterior, pero no han obtenido respuesta.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) envió el mes pasado una misión al país con el objetivo de solicitar a las autoridades monetarias la difusión de las estadísticas y así resolver los problemas de transparencia, pero el organismo multilateral no logró su cometido.

Todos los países que suscriben un acuerdo con el FMI entregan regularmente los números sobre el comportamiento de la economía y los indicadores sociales del país, pero Venezuela acumula más de 150 días sin suministrar la información.

Ibarra refiere que el BCV dispone de toda la data, pues ha continuado recolectándola, pero ha preferido ser “un brazo del Ejecutivo” y violar las leyes que lo obligan a publicar la información económica. “Esto significa un debilitamiento mayor en el manejo del sistema de rendición de cuentas del país”, agrega.

Para Oliveros, en la medida que el Gobierno y el ente emisor persistan en no hacer pública la información macroeconómica y no se tomen medidas que permitan revertir los desequilibrios económicos, se profundizará la crítica situación que padecen todos los indicadores, llevando al país a un espiral de deterioro, que supondrá elevar los riesgos de tensión social y política en lo sucesivo.

El economista Luis Oliveros.
El economista Luis Oliveros.

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