Arco Minero llega a su tercer lanzamiento desde 2012 en forma de “motor productivo”

Arco Minero llega a su tercer lanzamiento desde 2012 en forma de “motor productivo”

El Minero es el octavo de los 14 motores o ejes productivos presentados por el presidente Nicolás Maduro para la reactivación económica así como la transformación del modelo productivo nacional, para el cual decretó la Zona de Desarrollo Económico Arco Minero del Orinoco. Un proyecto que ha pasado por varias reformas de ley desde 2011, así como sucesivos anuncios y planes. El más reciente de éstos fue realizado por el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en septiembre de 2015, que no han sacado de la paralización a las minas ubicadas en el estado Bolívar desde la salida de las transnacionales que las operaban.

Una investigación de El Cambur encontró la relación entre la minería ilegal en las antiguas concesiones con un aumento de la deforestación, contrabando de materiales, presencia de mafias carcelarias y militares, con el crecimiento de los casos de malaria en el país desde la renacionalización del oro. Lea: Los mosquitos del contrabando.

Renacionalización

En el año 2011, el presidente Hugo Chávez firmó el Decreto N° 8.413 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares (PDF), que extinguió todas las concesiones mineras que se habían otorgado en el estado Bolívar a empresas transnacionales con la Ley de Minas de 1999. Incluso eliminó la pequeña minería dejando la puerta abierta solo para las empresas mixtas en que los institutos públicos tuvieran al menos el 55% de las acciones, así como el poder de decisión.

Entonces firmas como las canadienses Crystallex y Gold Reserve fueron expulsadas del país, por lo que llevaron sus casos hasta el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para dirimir la diferencia de criterios sobre la indemnización que debían recibir por el cese repentino de sus operaciones. En cambio, GVC Minerven y Rusoro Mining ocuparían las conocidas minas de Las Claritas, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, que ahora reporta el 80% de los nuevos casos de malaria.

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Un documental español muestra como las zonas donde debían operar las empresas públicas y mixtas que sustituyeron a las transnacionales estaban tomadas por informales y mafias que pagaban vacunas a los militares para abrir minas artesanales, para las cuales bombeaban agua de los ríos para horadar la tierra que previamente habían deforestado. Estas se abandonan rápidamente, por lo que quedaban inmensos charcos donde se mezclaba gasolina, mercurio y barro, convirtiéndose en nuevos criaderos de mosquitos anopheles que habitan la selva venezolana.

Llega el Arco Minero

En el año 2012 el Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Minbam) presentó el plan llamado Arco Minero, el cual tendría una extensión de 176 mil 300 kilómetros cuadrados, abarcando los municipios: Cedeño del estado Bolívar -de donde proviene el 80% de los casos de malaria-, y Atures, Autana, Atabapo y Manapiare del estado Amazonas, donde la explotación minera está completamente prohibida por el Decreto Presidencial No. 269. Entonces se aseguraba que sería mediante “minería sustentable” con “subsanación del menoscabo ambiental que la actividad ocasione” para extraer níquel, oro, coltán y otros materiales considerados estratégicos.

Tras estudios realizados por el Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin) en una extensión de 7 mil kilómetros cuadrados en el norte del estado Bolívar en que se encontró prospección de granito, caolín y coltán, así como elementos llamados “tierras raras” como el itrio, se firmaron alianzas con Irán y China para realizar el mapa minero del país, en un período de cinco años, pues el Estado había otorgado esta prerrogativa a las concesionarias extranjeras.

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A principios del año 2013, se conoció que la administración de estas zonas mineras sería realizada por Petróleos de Venezuela (PDVSA) por medio de la creación de la Corporación Minera Venezolana, en que volvía la pequeña minería, el cual tendría un 11% de los bloques asignados. Esto era posible por una reforma parcial al decreto de 2011, que prometía darle más facilidades a las empresas mixtas por el 13% como regalía, mientras exigía que todo el oro producido se le vendiera al Banco Central de Venezuela. Además, incluía un nuevo Fondo Social Minero para atender el desarrollo de las comunidades aledañas a los yacimientos mineros. Era la segunda vez que se presentaba el plan.

Rafael Ramírez, entonces presidente de la petrolera, aseguró que el nuevo Arco Minero sería similar a la Faja Petrolífera del Orinoco, por la participación de empresas mixtas con inversionistas extranjeros. A finales del tercer trimestre de 2015, su sucesor, Eulogio del Pino, seguía buscando inversionistas para impulsar las importaciones no tradicionales.

Pretensiones similares justifican ahora al Motor Minero, que también requirió otro cambio legal en el decreto de explotación de oro y minerales estratégicos, el cual se hizo el 30 de diciembre de 2015 en el marco de la Ley Habilitante: diversificar la matriz exportadora para generar nuevos ingresos de divisas, pero ahora los yacimientos no estarán en manos de rusos o empresas públicas sino se anunció un entendimiento con Gold Reserve –que ganó una demanda por 740 millones de dólares- y otras 135 empresas extranjeras, para la inyección de 5 mil millones al país. Aún así, sigue sin aclararse como la empresa canadiense, con más deudas que activos, podrá cumplir el compromiso que incluye el préstamos de 2 mil millones, el pago de la misma cantidad por volver a Las Claritas y mil más para la empresa mixta.

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Ahora sin Amazonas

Organizaciones indígenas del estado Amazonas se han pronunciado en contra del Arco Minero desde 2013de nuevo en 2014, mientras la Academia Nacional de Ciencias Naturales exigió que se rescindiera el contrato que se le había otorgado a la empresa china CITIC Group por considerarlo que atentaba contra los intereses de la nación.

Por su parte la ONG Laboratorio de Paz, que ha documentado las denuncias de persecución y asesinato de indígenas en el Amazonas por parte de guerrilleros colombianos y mafias que involucran a militares venezolanos, así como minería ilegal y contrabando hacia Colombia y Brasil, ha criticado el nuevo anuncio, al señalar que como antes se violó el artículo 120 de la Constitución, que exige una consulta pública e informada a los pueblos indígenas para este tipo de concesiones.

Expresamente el artículo reza: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a esta Constitución y a la ley”.

La nueva Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco, declarada así en 2016, excluye los territorios de Amazonas así como 55 mil kilómetros cuadrados en comparación con el plan del 2012, lo que cumple con el marco legal vigente.  Los anuncios presidenciales resaltaron que la explotación minera sería con respeto a los pueblos indígenas y la biodiversidad. Un enfoque distinto a 2012, cuando se admitía el impacto ambiental de la extracción minera, como la deforestación, para lo cual habría acciones para remediar los efectos negativos.

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Jeanfreddy Gutiérrez

Editor Adjunto de El Cambur. Licenciado en Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, mención Comunicación y Desarrollo (2010). Egresado del programa Lidera de la Fundación Futuro Presente (2014) y del Diplomado de Periodismo del Tecnológico de Monterrey (2015). Fundador del Picnic Urbano de Maracay. Periodista ambiental y de datos.
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Roda Saab Ganam. Empresario parte del entramado de Samantha Gray.
Highfrancys Herrera. Empresaria parte del entramado de Smanatha Gray y Candidata a la Asamblea Nacional por el PSUV.
Mary Luz Gianetti. Empresaria parte del entramado de Samanta Gray.
Samantha GRay en la portada de la revista Caracas dónde confirmaba su relación con Graterón.

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