El crack del HCM en Venezuela (1)

Un tema recurrente en el país es la falta de coherencia y seguimiento a las políticas sociales implementadas por el Estado. De ellas, una que presenta alta sensibilidad es la ejecutoria en materia laboral con eje en la garantía a la salud.

Durante más de un cuarto de siglo los sindicatos venezolanos han luchado por incorporar y hacer cumplir medidas proteccionistas a la salud, mediante las convenciones colectivas.  Pero hoy el HCM no garantiza casi nada, a pesar de contar con una afiliación de miles de personas que trabajan en el sector público.

Por otro lado, hay un contradictorio discurso gubernamental sobre la atención a la salud brindada por instituciones privadas, que les califica como entes de la mercantilización, al tiempo que el Estado prosigue contratando sus servicios y no fortalece el sistema público de salud.

Los datos históricos revelan que los sectores pioneros en la búsqueda de garantía a la salud a través de la convención colectiva de condiciones de trabajo, son el petrolero y en segundo lugar, el magisterio. En ambos casos, la legislación les excluía de la atención de salud brindada por el servicio público. Igual sucedía con la mayoría del personal del Estado.

A finales de los años 80 en el siglo XX, el IVSS empezó a atender a “empleados públicos”, ya que hasta entonces sólo cubría a los “obreros” del Estado y a los trabajadores de la empresa privada, que eran los cotizantes según la ley. Mientras tanto, los hospitales púbicos fueron los grandes receptores de la población que no recibía atención médica en el IVSS y que carecía de recursos para pagar los costos médicos del sistema privado de salud.

Cuando Chávez triunfa en las elecciones de 1998, más del 50% del personal del Estado tenía contemplado en el contrato marco de la administración pública nacional, el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, ya que esa fue la salida que halló el sindicalismo a la exclusión generada por diferentes gobiernos.

Otro tanto ocurrió en la empresa privada, no por exclusión de los trabajadores cuyas relaciones laborales se regían exclusivamente por la ley del trabajo, sino por el deterioro que acumulaba el sector público de salud y en particular, debido a la desmejora creciente del IVSS. Este organismo, además de tener bajo su responsabilidad la mayor infraestructura hospitalaria, maneja el sistema de pensiones y jubilaciones de carácter social.

Mientras el crecimiento de la población y el aumento de la nómina del Estado, principal empleador de Venezuela, se ha mantenido en una línea perpendicular ascendente, los volúmenes presupuestarios destinados a sostener el sistema público de salud evidencian una caída drástica, como ha señalado Provea en sus Informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en los últimos 5 años.

A esta realidad se suma la decisión de crear un sistema paralelo que no es susceptible de auditoría económica y de gestión: Barrio Adentro en todos sus niveles. Ello empuja a insistir en la tesis de contar con una cobertura de HCM para acceder al sistema privado.

El sistema privado de salud está tocando su techo y muestra su falta de capacidad para recibir y canalizar la demanda representada básicamente por el personal del Estado que no acude al inservible sistema público, ni ve satisfechas sus expectativas en los ya escasos módulos de Barrio Adentro y demás unidades de esta política.

Millones de personas que no son atendidas por el Estado han rebasado los hospitales y clínicas privadas, con la consiguiente desmejora en la calidad de la atención y precariedad en el acceso a la garantía del derecho a la salud.